La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la Ley de Agentes Extranjeros que crea un registro de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s) y establece un impuesto del 30 % a las donaciones que reciben dichas entidades.
Los diputados oficialistas votaron con dispensa de trámite para aprobar la normativa que obliga a los cooperantes a registrarse ante el gobierno, a través del Ministerio de Gobernación, y les obliga a pagar cerca de la tercera parte de lo que reciben en conceto de donaciones, importación en especies o bienes materiales provenientes del extranjero.
La ley, anunciada por el presidente Nayib Bukele, fue aprobada por 57 de 60 diputados en el Congreso, sin el apoyo de la oposición.
Organizaciones nacionales y extranjeras rechazan el proyecto del gobierno por considerar que es “una herramienta para estigmatizar, controlar y silenciar a la sociedad civil”.
El primer artículo establece que la finalidad de la nueva ley que regula a las ONG’s es “promover la transparencia sobre el funcionamiento de estas y su influencia dentro del territorio nacional”.
El texto dice que se busca que “los ciudadanos conozcan a los agentes extranjeros que buscan incidir en la opinión pública, así como el resguardo a la seguridad, soberanía nacional y a la estabilidad social y política del país”.
Las personas naturales o jurídicas que reciban fondos extranjeros tendrán 90 días para inscribirse en el nuevo “Registro de Agentes Extranjeros (RAEX)” –una dependencia del Ministerio de Gobernación– a partir de la vigencia de la normativa.
Si no se registran, no podrán recibir donaciones ni realizar actividades, sentencia el texto legal aprobado.
“El incumplimiento de esta obligación autoriza al Registro a realizar las acciones legales correspondientes para impedir la realización de sus actividades, de manera temporal o definitiva-según corresponda; o en el caso de las personas jurídicas, se podrá solicitar la suspensión o la cancelación de su personería jurídica”, según manda la nueva ley aprobaba este martes por los diputados.
Además, establece multas de entre 10.000 a 200.000 dólares por violar algunas de las prohibiciones y un impuesto de un 30 % “a las transacciones financieras, desembolsos, transferencias, importación en especie o bienes materiales de cualquier tipo provenientes del mandate extranjero”.
¿Qué dice la oposición y los críticos?
La diputada opositora Claudia Ortiz, del partido ‘Vamos’, considera que dicha ley “es una herramienta autoritaria para la censura y el debilitamiento del espacio cívico” y que “quedará a criterio ambiguo y arbitrario del Gobierno a quien se le impondrá el impuesto y a quien no”.
“Es una ley que atenta contra la democracia, contra el Estado de derecho y contra el respeto a la libertad de asociación y de expresión”, dijo la parlamentaria.
El diputado Francisco Lira, del partido opositor ‘Arena’, calificó la normativa de “Ley mordaza” para las instituciones que señalan “los abusos” y “actos arbitrarios” del gobierno.
Diversas organizaciones han expresado a través de medios locales su preocupación por la medida impulsada desde el gobierno, pues aseguran que es una especie de “castigo para oenegés que denuncian sus atropellos”.
“Nayib Bukele amenaza a las ONG en El Salvador con una ley similar a la existente en Nicaragua, Venezuela o Rusia”, dijeron.
También, una relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que, de aprobarse la propuesta, se estaría afectando la libertad de asociación de la población.
El proyecto de ley fue presentado por el gobierno hace una semana tras una protesta de los miembros de una cooperativa amenazados judicialmente por un desalojo.
El presidente Bukele aseguró que, con el nuevo impuesto del 30 % a las ONG, resolvería “de una vez por todas” la situación de las 300 familias que eran afectadas por la orden de desalojo.
Desde entonces, activistas y entidades defensoras de derechos humanos han calificado la propuesta como una “medida autoritaria”.
