El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó a un nuevo ministro de Servicios Penitenciarios para “acabar con la corrupción” dentro del sistema carcelario, luego de que casi una cuarta parte de las prisiones del país comenzaran una huelga de hambre el domingo.
“Tenemos que construir una nueva gobernabilidad, un nuevo régimen penitenciario, tenemos que acabar con la corruptela”, dijo el mandatario en su programa de radio tras el nombramiento de Julio García Zerpa como nuevo ministro sin hacer mención a la huelga de los presos que denuncian sobornos de funcionarios y retardo procesal.
“Tenemos que forjar y formar una nueva generación de custodios. No puede ser que al penado o al detenido se le cobre por llevarlo hasta el baño”, continuó el mandatario que pidió el fin del “retardo procesal”.
García Zerpa es abogado y diputado del Parlamento. Sustituye a Celsa Bautista, en el cargo desde febrero de 2023.
“Vamos a hacer una profundización y cambios estructurales que nos permitan un sistema de justicia que sea robusto”, indicó el ministro. Prometió la “optimización” de procesos.
García Zerpa señaló que atenderá los temas asociados a las redenciones de penas, otra de las demandas de los detenidos en huelga.
Según el ministro, en el país hay 44 centros penitenciarios. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) asegura que 19 se encuentran en huelga.
Se suman los detenidos en seis anexos femeninos y en 30 calabozos policiales, asegura el OVP que no ha precisado el total de reclusos en protesta.
El lunes, la destituida ministra anunció un “abordaje jurídico” en el Internado Judicial Rodeo III del estado Miranda (centro), una de las cárceles en huelga.
Los detenidos también exigen medidas humanitarias y traslados a los penales de origen, sostiene el OVP. Denuncian supuestos malos tratos de funcionarios, así como “insuficiencia alimentaria” y un hacinamiento general estimado en 200%.
La población carcelaria en Venezuela se estima en unos 54.000 prisioneros, según cifras oficiales.
Varias de las cárceles en huelga fueron intervenidas en 2023 por el gobierno para acabar con bandas criminales que operaban dentro de los recintos.
“A mi hijo le ha tocado comer carne verde (descompuesta)”, dijo a la AFP, bajo anonimato, la madre de un preso trasladado desde Tocuyito (Carabobo, centro), hasta una prisión en el estado Mérida (oeste), a unos 500 kilómetros de los tribunales que llevan su causa.
“¿Por qué nos mandaron esos muchachos tan lejos? Uno no les puede llevar ni un jabón, ni un pedazo de pan”, relató la mujer que lleva ocho meses sin ver a su hijo, en huelga de hambre hace cuatro días junto a otros reclusos.
Con información de AFP
