Estados Unidos negó “el debido proceso” a más de 200 migrantes venezolanos y salvadoreños que deportó para ser encarcelados en El Salvador, afirmaron el miércoles expertos independientes de la ONU.
La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha pagado millones de dólares a El Salvador para encerrar a cientos de migrantes en una prisión de máxima seguridad que tiene un historial de presuntas violaciones de los derechos humanos.
En muchos casos, la ley 1798 invocada por la administración estadounidense “parece haber sido mal aplicada para negar sus derechos, rechazar una revisión independiente y el acceso a los tribunales, en contra del derecho internacional sobre los derechos humanos”, dijeron los expertos.
Agregaron que que “la falta de debido proceso ha dado lugar a decisiones de deportación arbitrarias”, ordenando la expulsión de ciudadanos venezolanos a El Salvador acusándolos de pertenecer a la banda Tren de Aragua.
Cerca de 20 expertos independientes, encargados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no hablan en nombre de las Naciones Unidas, denunciaron que “la falta de garantías procesales dio lugar a decisiones de deportación arbitrarias contra muchas personas que, según consta, no estaban implicadas en bandas” en delitos o pandillas con actividad criminal.
Los expertos cuestionaron los criterios jurídicos de aplicación de la ley en Estados Unidos.
“Es evidente que no se ha producido ninguna ‘invasión’ o ‘incursión depredadora’ en Estados Unidos por parte de ningún Estado extranjero, como exige la ley”, afirmaron al agregar que “aunque algunos individuos fueran miembros de bandas, la actividad de las bandas es un delito, no un acto de guerra”.
Los expertos, incluidos los relatores especiales sobre la tortura y sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo y el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, denunciaron “el carácter sumario” de las decisiones de deportación.
Estas eran “claramente inadecuadas para determinar si las personas corrían riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos en El Salvador”, afirmaron.
Expresaron su profunda preocupación por las condiciones en las cárceles de El Salvador, e hicieron mención a informes sobre muertes, tortura y malos tratos bajo custodia, violencia entre presos y desapariciones forzadas.
“Las condiciones carcelarias son presuntamente inhumanas, contrarias a las normas internacionales, con los detenidos recluidos en celdas hacinadas, sin lo estrictamente necesario, como colchones, y con una atención médica inadecuada»”, dice la declaración.
Los expertos expresaron su alarma por la falta de claridad sobre la base jurídica de la detención de los deportados en El Salvador y por su falta de acceso a una representación legal, visitas familiares y revisión judicial.
“Estos derechos deben garantizarse de inmediato”, afirmaron.
