Los niños y adolescentes que serán trasladados a cárceles para adultos en El Salvador debido a una nueva reforma penal se enfrentarán a abusos “graves”, denuncia este lunes Human Rights Watch (HRW).
La Asamblea Legislativa, controlada por diputados afines al presidente Nayib Bukele, decidió que los menores detenidos y condenados por nexos con el crimen organizado, particularmente las pandillas, sean enviados a una prisión regular.
Esta medida “vulnera estándares internacionales de justicia juvenil y los expone a mayores riesgos de abuso”, afirma la oenegé HRW en un comunicado, haciéndose eco de denuncias similares de otros organismos como la ONU.
“Los niños y niñas, que ya han sufrido abusos aberrantes en centros de detención juvenil, enfrentarían condiciones y abusos aún más graves en las cárceles para adultos”, asegura Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de HRW, citada en el comunicado.
El sistema penitenciario para adultos de El Salvador “ha sido responsable de torturas y otros graves abusos” de modo que no deberían ser trasladados allí “bajo ninguna circunstancia”, añade.
Además “limitará sus posibilidades de rehabilitación”, estima Goebertus.
Human Rights Watch asegura que reclusos de centros penitenciarios para adultos en El Salvador permanecen completamente incomunicados, sin acceso a recursos legales, en condiciones de hacinamiento extremo, tortura y violencia y con acceso limitado a comida, agua potable y atención médica.
La posición del gobierno
El Comisionado Presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, aseguró a medios locales que se implementará un protocolo especializado para la reclusión de los menores, con medidas de seguridad, supervisión permanente y acceso a programas educativos.
“El plan operativo contempla protocolos de seguridad, custodia especializada y supervisión permanente, así como la aplicación de medidas de protección enfocadas en el bienestar físico y emocional de los menores. Además, se garantizará que tengan acceso a programas educativos y de rehabilitación, en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de la Habana de la ONU”, expuso Guzmán a La Prensa Gráfica el jueves.
También, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que la reforma respeta los tratados internacionales.
“Hemos sido muy respetuosos de nuestra Constitución, de los convenios internacionales, que velan por los menores de edad y también de nuestras leyes secundarias”, dijo Villatoro el 11 de febrero.
El Ministro fue categórico en mencionar que el gobierno de El Salvador sí cree en ha rehabilitación y en la readaptación de los delincuentes comunes o menores, pero no creen “en la rehabilitación de terroristas, independientemente de la edad”.
El gobierno de El Salvador no proporciona regularmente información sobre el número de niños encarcelados o en prisión preventiva. En febrero del año pasado dijo que 1.065 niños habían sido condenados durante el estado de excepción.
No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado escepticismo sobre la capacidad del gobierno para garantizar estas condiciones en un sistema penitenciario que ya enfrenta graves deficiencias.
Controversia en medio de una eterna “guerra” contra las pandillas
Desde marzo de 2022, Bukele libra una “guerra” contra las pandillas amparado en un régimen de excepción, bajo el cual más de 83.000 personas han sido detenidas. Unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes.
En un informe de julio de 2024, Human Rights Watch documentó “detenciones arbitrarias, torturas y graves violaciones del debido proceso contra niños y niñas desde los 12 años de edad”.
Más de 3.000 niños y adolescentes han sido detenidos desde que Bukele declaró el régimen de excepción, “muchos de ellos sin vínculos aparentes con las pandillas o actividades delictivas”, critica la oenegé.
“Las detenciones en muchos casos parecen estar basadas únicamente en denuncias anónimas o en su apariencia física”, sostiene.
La organización asegura que algunos policías reconocieron que “las autoridades los presionaban para arrestar diariamente a un número determinado de personas”.
Varios niños detenidos y sus familias habían sido víctimas de la violencia de las pandillas, agrega la HRW.
Según organizaciones locales de derechos humanos, 368 personas han muerto en las cárceles de El Salvador durante el régimen de excepción.
