La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una solicitud del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para reformar una ley que enviará a menores detenidos y vinculados a pandillas a cárceles de adultos, donde estarán separados en pabellones hasta que cumplan 18 años.
La reforma a la Ley Penal Juvenil establece que los menores de edad que han cometido delitos relacionados con el crimen organizado o agrupaciones ilícitas pasen a la jurisdicción de la Dirección de Centros Penales que administra las cárceles de adultos.
En las cárceles los menores estarán separados de “en pabellones” hasta que cumplan 18 años y pasen al “régimen general de adultos”, subraya la reforma.
Lo que se busca es “evitar” es que los menores vinculados al crimen organizado “reciban el mismo tratamiento que aquellos que han cometido delitos de menor gravedad o de manera aislada”, consigna la iniciativa leída por el diputado Walter Cotto.
No aplica para delitos comunes
En el caso de los adolescentes con pena de internamiento procesados por delitos comunes continuarán en centros administrados por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) para “cumplir fines de la reintegración social”.
También el miércoles, el Parlamento aprobó otra reforma que niega la libertad condicional a condenados por delitos de crimen organizado.
“No se aplicarán los beneficios de la libertad condicional, ni la libertad anticipada a las personas condenadas por delitos cometidos en la modalidad de crimen organizado”, consigna la legislación.
La reforma enfatiza que “es necesario limitar” el acceso a figuras que pretendan sustituir la ejecución de las penas impuestas a los integrantes de grupos del crimen organizado “por ser el principal flagelo que ha afectado el desarrollo, los derechos humanos y las libertades de toda una nación”.
Endurecimiento de penas
Los diputados aprobaron otra reforma que niega la libertad condicional a condenados por delitos de crimen organizado. “No se aplicarán los beneficios de la libertad condicional, ni la libertad anticipada a las personas condenadas por delitos cometidos en la modalidad de crimen organizado”, consigna la legislación.
La reforma enfatiza que “es necesario limitar” el acceso a figuras que pretendan sustituir la ejecución de las penas impuestas a los integrantes de grupos del crimen organizado “por ser el principal flagelo que ha afectado el desarrollo, los derechos humanos y las libertades de toda una nación”.
La ola de reformas que endurecen las penas para diferentes delitos se inició el pasado viernes, cuando el Congreso elevó hasta 60 años de prisión para casos de homicidio agravado.
Desde marzo de 2022, Bukele libra una “guerra” contra las pandillas amparado en un régimen de excepción, bajo el cual ha habido más de 83 mil detenidos. Unos 8 mil fueron liberados, según fuentes oficiales.
