En las cárceles de El Salvador hay “reos políticos y existe la tortura”, según una denuncia pública presentada por el denominado Comité de Familiares de Presos Políticos (COFAPPES).
Dicha agrupación entregó este miércoles un escrito en la oficina del Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, la cual contiene información sobre el incumplimiento de órdenes judiciales para poner en libertad al exministro de Justicia y Seguridad Pública del gobierno anterior, Mauricio Ramírez Landaverde, y tres exfuncionarios más.
Se trata del comisionado policial Roque Mártir y de los exdiputados Denis Córdova y Jaime Valdés.
El exministro de Seguridad es acusado de los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad, cometidos en las tiendas penitenciarias. Sin embargo, el 11 de diciembre pasado recibió una orden de libertad, debido a padecimientos de salud, en espera de que su porceso continúe.
No obstante, esta orden no ha sido cumplida por la Dirección General de Centros Penales, dijeron los miembros de COFAPPES.
Según la denuncia, el comisionado policial Roque Mártir, procesado por el mismo delito, también recibió el mismo día su orden de libertad y tampoco se ha cumplido.
El Comité de Familiares de Presos Políticos ha presentado escritos similares ante el director de centros penales, Osiris Luna, y ha hecho pública la denuncia través de su cuenta de la red social X.
Presentamos un escrito a @OsirisLunaMeza para que cumpla la resolución judicial y deje salir de prisión a MAURICIO RAMÍREZ LANDAVERDE y a RAMÓN ROQUE, quienes desde el 11 de diciembre tienen carta de libertad. Esto ya deviene en SECUESTRO. Nos preocupa la vida y salud de ambos. pic.twitter.com/cffhixMuwV
— COFAPPES (@cofappes) May 9, 2024
Los exdiputado Córdova y Valdés son procesados por mal manejo de fondos, pero el 20 de noviembre de 2023, la Cámara Tercera de la Sección del Centro ordenó que se pusieran en libertad a ambos y, en su lugar, se estableciera la medida del arresto domiciliar. Esta orden tampoco no se ha cumplido, afirma el escrito.
Ivana Cruz, abogada de COFAPPES. asegura que los funcionarios de Centros Penales pueden estar cometiendo delitos de desacato judicial y privación de libertad, y por ello, han certificado a la Fiscalía General de la República.
“El hecho de que los compañeros estén sin comunicación con el mundo exterior es una tortura”, añadió.
El gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre estos casos, pero en oportunidades anteriores, el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos ha dicho que no existen denuncias o peticiones en su oficina, y por tanto, no existen tortura en el páis.
