“Sólo quedaron unos huesos y cenizas”, relató este lunes entre lágrimas el indígena Juan Brito, al narrar las muertes de su esposa y sus cuatro hijas pequeñas a manos de militares el 20 de enero de 1982, en un juicio contra un general por genocidio de aldeanos mayas en Guatemala.
Las mataron a balazos y luego quemaron sus cuerpos dentro de la humilde casa de madera en una remota aldea maya, contó Brito en el segundo día de audiencias en el caso contra el general retirado Benedicto Lucas García, de 91 años.
Durante la guerra civil guatemalteca (1960-1996), la población maya ixil era acusada por los militares de servir de base de apoyo a guerrilleros izquierdistas y decenas de aldeas indígenas fueron diezmadas en el departamento occidental de Quiché.
Vestido con camisa beige y suéter café, Brito, de 70 años, es uno de los sobrevivientes de una matanza en la aldea de Pexlá que compareció ante tres magistrados de un tribunal en la capital guatemalteca. Habló en lengua maya, asistido por una traductora al español.
“Los soldados mataron bastantes niños, mujeres y mujeres embarazadas”, contó Brito, quien señaló que los militares irrumpieron en la aldea temprano en la mañana, mientras dormían sus cuatro hijas, la mayor de siete años.
Condenado anteriormente por otros crímenes de lesa humanidad, Lucas García siguió la audiencia vestido con una bata blanca desde una sala en un hospital militar donde cumple su condena de 58 años de prisión.
El general enfrenta este juicio por su papel en las matanzas de más de 1.200 indígenas mayas ixiles entre 1978 y 1982, mientras gobernaba en Guatemala su hermano, el entonces presidente Romeo Lucas García. Este último falleció en Venezuela en 2006.
El militar está imputado de genocidio, crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada, por los que arriesga más de 100 años de cárcel.
Este es el segundo juicio por genocidio en Guatemala, luego de que el 10 de mayo de 2013 un tribunal sentenciara a 80 años de prisión al general Efraín Ríos Montt por la matanza de casi 2.000 indígenas mayas ixiles bajo su régimen de facto (1982-1983).
Sin embargo, la sentencia fue anulada 10 días después por la máxima instancia judicial del país.
Brito lamentó no haber podido sepultar a su esposa e hijas, pues se escondió en las montañas para escapar de los militares. Unos vecinos metieron los restos en un saco de plástico y los enterraron.
Sin cabeza
Catarina Chel, una indígena sobreviviente de otra incursión militar en la misma aldea del 9 al 11 de septiembre de 1981, contó que sus dos hijos, de 14 y 15 años, fueron asesinados por soldados cuando cosechaban maíz, el principal alimento de los mayas.
“A Diego solo un pellejo le detenía la cabeza”, relató Chel, mientras que Miguel sobrevivió, pero murió días después al sucumbir a las heridas.
La mujer, de 87 años, contó que al escuchar disparos de los soldados se asustó, se escondió y luego huyó a la montaña junto a otros pobladores.
Pero 15 aldeanos fueron detenidos y llevados por los militares a una capilla, donde los acribillaron a balazos y quemados.
“Había tres muertos en el mismo hoyo, los tres estaban apuñalados, los cortaron como ayote [especie de calabaza]”, contó Lorenza Santiago, de 75 años, otra sobreviviente que perdió a su esposo, Jacinto Gómez.
Los militares “quemaron sus ropas, sus cosechas [de maíz y frijol], sus gallinas, su casa”, en aquella incursión militar de septiembre de 1981, dijo.
“Lo fuimos a recoger [el cuerpo del marido], estaba ensangrentado, lo bajaron al agujero como que fuera animal, lloro y estoy triste”, agregó la mujer sollozando.
En el juicio, que se prolongaría hasta junio, se presentarán más de 80 peritajes de exhumaciones y documentos militares, y testificarán unos 30 sobrevivientes.
Junto a Lucas García también debía ser juzgado un exjefe de inteligencia militar, el general retirado Manuel Callejas, pero enfrentará otro juicio a puerta cerrada y sin su presencia por incapacidad mental.
La guerra interna guatemalteca dejó unos 200.000 muertos o desaparecidos, según una comisión auspiciada por la ONU.
