Un juez federal de Florida, EEUU, emitió una sentencia condenatoria contra tres salvadoreños residentes en Orlando, por conspirar para cometer fraude fiscal y fraude electrónico en un esquema de más de $146 millones en la industria de la construcción.
La Fiscalía del Distrito Medio de Florida dijo que el juez federal Timothy J. Corrigan, condeó este martes a Eduardo Aníbal Escobar (45 años), Carlos Alberto Rodríguez (36 años) y Adelmy Tejada (57 años), luego de que todos se declararon culpables el 3 de abril de 2025 durante un proceso que inicio en octubre de 2024.
Todos fueron condenados a menos de cinco años de prisión, pero también tendrán que cumplir con el pago de $36,957,616 por impuestos no declarados, y $397,895 a dos aseguradoras por reclamaciones de compensación laboral derivadas del esquema.
Según la acusación que enfrentaron, los acusados establecieron empresas que supuestamente proporcionaban mano de obra a contratistas de construcción.
La ley de Florida exige que toda empresa dedicada a la construcción contrate y mantenga un seguro de compensación laboral. Los acusados solicitaron pólizas de seguro de compensación laboral para cubrir a unos pocos empleados y una nómina mínima.
La fiscalía dijo que durante la presunta conspiración, los acusados depositaron más de 46,000 cheques de nómina por un total de más de $292 millones, de los cuales se quedaron con al menos $19 millones en honorarios.
“Nadie —ni los contratistas ni los equipos de trabajo, ni los acusados ni sus empresas— remitió al IRS los impuestos sobre la nómina, como los del Seguro Social y Medicare, y el impuesto federal sobre la renta. Según el IRS, los impuestos impagos sobre la nómina ascienden a al menos $52 millones”, dijo la oficina del fiscal.
Escobar y Rodríguez son residentes legales permanentes originarios de El Salvador, mientras que Tejada es ciudadana estadounidense naturalizada, también salvadoreña de origen.
La investigación continúa y forma parte de una operación federal para detectar empresas fantasma y empleados “fantasma” en el sector construcción. El caso fue llevado por el fiscal Arnold B. Corsmeier y la fiscal Jennifer M. Harrington está a cargo de la confiscación de activos.
