Cinco exdiputados de la Asamblea Legislativa que representaron a actuales partidos políticos de oposición durante varios periodos en el congreso, deberán enfrentar a la justicia salvadoreña bajo los cargos de enriquecimiento ilícito, determinó la Cote Suprema de Justicia (CSJ).
Tres de ellos representaron al partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que gobernó a El Salvador entre 1989 y 2009, mientras que dos restantes pertenecen a la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), partido que le facilitó al actual presidente su inscripción para postularse como candidato para acceder al poder en 2019.
La Sección de Probidad de la Corte Suprema discutió y votó durante una sesión de abril pasado que los exlegisladores deben enfrentar procesos civiles para que respondan por montos que van desde los $200,000 hasta más de tres millones de dólares.
Una fuente judicial dijo que cada caso fue remitido a la cámara competente, según la jurisdicción correspondiente, para la continuación del proceso legal.
El monto mayor es atribuido a la exdiputada del partido Arena, Silvia Estela Ostorga de Escobar y su esposo, a quienes se les señala por enriquecimiento ilícito de $3,822,778.28, cifra que se determinó tras encontrar 67 inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales correspondientes a los períodos legislativos de entre los años 2012 y 2021.
Al político Abilio Orestes Rodríguez Menjívar, quien fue electo como diputado para el periodo 2012-2015 por el partido Arena, la investigación le detectó un incremento patrimonial no justificado por un total de $214,683.22, por que deberá responder junto a su cónyuge.
El exdiputado Manuel Rigoberto Soto Lazo, que fue electo por el partido Gana entre 2012 y 2015, es señalado por enriquecimiento ilícito de $392,989.62. Su caso presenta 25 inconsistencias, entre ellas, depósitos bancarios sin origen identificado, compra de vehículos sin justificación y pagos de deudas.
El exdiputado Jesús Grande deberá responder por un presunto enriquecimiento ilícito de $352,119.41, que habría obtenidos durante el periodo en que ocupó una curul en la Asamblea Legislativa entre 2012 y 2015.
El quinto caso es el de David Ernesto Reyes Molina, exdiputado del partido Arena durante los periodos 2012 y 2021, durante los cuales habría obtenido un incremento patrimonial injustificado de $225,942.49.
Las autoridades no han señalado las fechas en que se llevará a cabo cada uno de los procesos.
