La reconocida ONG de derechos humanos Cristosal pidió que Estados Unidos y El Salvador rindan cuentas por encarcelar “ilegalmente” a 252 migrantes venezolanos y usarlos como “moneda de cambio”.
En un canje entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro, los migrantes salieron el viernes de una cárcel salvadoreña de máxima seguridad para pandilleros y viajaron a Caracas, que a su vez liberó a 10 estadounidenses.
Tanto El Salvador como Estados Unidos “son responsables” por la privación de los derechos a los migrantes y “deben asumir su responsabilidad en la dimensión que le corresponde a cada uno”, enfatizó Cristosal en un informe publicado en la red X.
“Estamos frente a dos poderes políticos decidiendo impunemente sobre la vida de cientos de personas sin responder a criterios democráticos o legales utilizando prisioneros como moneda de cambio en un juego político”, afirmó.
Además, “el mecanismo empleado para el retorno de las víctimas y su canje por prisioneros del sistema venezolano se acerca más a un intercambio de rehenes ejecutados por fuera de todo control del derecho internacional humanitario”, destacó.
Con el canje, según Cristosal, “los Estados involucrados han reconocido tener prisioneros retenidos de forma ilegítima en contra de normas internacionales de derechos humanos”.
En un sistema democrático, “el proceso penal es conducido por judicaturas que pueden decidir sobre la libertad de las personas basándose en hechos probados”, subrayó la oenegé.
“Un síntoma del colapso del sistema democrático de un país es la sumisión absoluta de sus autoridades judiciales al poder político” y “en este caso presenciamos como presidentes dictaron la detención y libertad de personas fuera del control democrático”, sostuvo Cristosal.
Destacó que el caso es “grave”, pues los venezolanos permanecieron cuatro meses recluidos “ilegalmente”, despojados “de la protección de la ley” e incomunicados.
Esta oenegé, que investiga casos de corrupción y denuncia violaciones de derechos humanos en El Salvador, se vio forzada la semana pasada a partir al exilio ante la “escalada represiva” del gobierno de Nayib Bukele contra activistas humanitarios.
