Un tribunal de apelaciones estadounidense dictaminó el miércoles que la orden del presidente Donald Trump de acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento era inconstitucional y respaldó la decisión de una corte inferior de bloquear la orden a nivel nacional.
La orden lleva meses sumida en un vaivén legal y actualmente está paralizada por un tribunal federal en medio de múltiples procesos judiciales.
La Corte Suprema dictaminó el mes pasado que los jueces probablemente habían excedido sus atribuciones al emitir órdenes judiciales a nivel nacional contra una serie de políticas de Trump, incluida su medida para poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Varios jueces de distrito habían bloqueado el intento de Trump de poner fin a la norma de larga data, garantizada en la Constitución de Estados Unidos, de que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es automáticamente ciudadana.
Pero el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito dictaminó que una orden judicial emitida por un juez de distrito con sede en Seattle no era un caso de extralimitación judicial.
«Concluímos que el tribunal de distrito no abusó de su discrecionalidad al dictar una orden judicial universal con el fin de ofrecer a los estados una reparación completa», escribió el juez Ronald Gould.
Según el fallo de Gould, limitar una medida cautelar a nivel estatal sería tan ineficaz como no bloquear la orden en absoluto, debido a las complicaciones que podrían surgir si las personas se desplazan entre estados con diferentes normas de ciudadanía.
El tribunal de apelaciones también concluyó que la orden de Trump iba en contra de la redacción de la Carta Magna estadounidense: «La interpretación propuesta por la Orden Ejecutiva, que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en Estados Unidos, es inconstitucional. Estamos totalmente de acuerdo», escribió Gould.
La orden de Trump busca restringir la ciudadanía automática para hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal, como asilo o visas.
El principio está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana del país.
La Corte Suprema, con una mayoría conservadora de 6-3, evitó pronunciarse el mes pasado sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva de Trump y sólo abordó la cuestión de las medidas cautelares a escala nacional, que sin embargo fue reivindicada por Trump como una «victoria gigantesca».
La Corte también dejó abierta la posibilidad de que las órdenes ejecutivas puedan ser bloqueadas mediante amplias demandas colectivas contra el Gobierno.
A principios de este mes, un juez federal concedió el estatus de demanda colectiva a todos los niños a los que potencialmente se les denegaría la ciudadanía en virtud de la orden de Trump, y dictó una suspensión preliminar de la misma mientras avanzan los procedimientos legales.
