El exministro salvadoreño de la Defensa, general José Atilio Benítez Parada, confesó este martes ante un tribunal de San Salvador haber cometido delitos de corrupción, entre ellos el de comercio ilegal de armas, durante su gestión como parte del gobierno del fallecido expresidente Mauricio Funes.
El acusado, quien fue Ministro de la Defensa Nacional y Embajador de El Salvador en Alemania, fue desaforado en diciembre de 2016 por la Asamblea Legislativa para que ser sometido al proceso judicial.
Benítez acordó con la Fiscalía General de la República un juicio abreviado con una sentencia reducida a cambio de confesar los delitos que se le imputaban: Actos arbitrarios, comercio ilegal y depósito de armas.
El militar admitió que durante su gestión como viceministro de la Defensa ordenó al coronel Salvador González Quezada, quien fungió como director de logística del Ministerio de la Defensa Nacional a legalizar 21 armas de fuego que estaban en su poder, bajo el decreto legislativo número 25 en el año 2011, cuando este estaba fuera de vigencia.
“Reconozco que valiéndome de mi cargo ordené la matrícula de armas al coronel Quezada aunque el decreto estaba vencido”, declaró el exfuncionario durante el juicio, así como que firmó todas las solicitudes para la matriculación de las armas “sin importar que la vigencia del decreto había finalizado”.
Con respecto al delito de actos arbitrarios, Benítez confesó que posterior al registro de las armas realizó la venta de nueve, a conocidos y amigos. Además, de donar otras cuatro para su exhibición en el Ministerio de Defensa.
“Confieso que en el año 2011 traspase el dominio de nueve de mis armas de fuego”, dijo, entre las que había armas como fusiles, resolver y carabinas, detalló.
Dicha confesión le vale por una condena de tres años excarcelables a cambio de trabajos de utilidad pública, por dos delitos, al mismo tiempo, el ministerio público solicitó el sobreseimiento definitivo por otros dos ilícitos al no poder sostener la acusación.
Por actos arbitrarios la defensa pactó con los fiscales, condena de un año y cuatro meses; mientras que por comercio y depósito ilegal de armas de fuego, un año con ocho meses.
Además de este caso, el general Atilio Benítez también enfrenta un proceso que data desde el año 2020, cuando la Fiscalía le imputó el delito de peculado, al vincularse a un presunto contrato fraudulento que el Ministerio de la Defensa hizo con una empresa privada.
En junio de 2023, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla condenó a Benítez y su esposa Ema Isaura de Benítez, por el delito de enriquecimiento ilícito por más de $121,000 y los inhabilitó durante 10 años para ejercer cualquier cargo público.
