La Administración del presidente estadounidense Donald Trump recibió dos órdenes directas de distintos tribunales norteamericanos que dan seguimiento al caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, expulsado en marzo a El Salvador por “error” por el gobierno, que ahora desea enviarlo a un país del que no es originario
Primero, los funcionarios de Trump deben aclarar hacia dónde sería deportado el salvadoreño Kilmar Ábrego García, según una resolución emitida por la jueza de distrito Paula Xinis, de Maryland, origen del caso civil sobre la sonada deportación por error.
La jueza Xinis convocó para el próximo jueves una audiencia con funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ, en inglés), quienes le reiteraron su intención de deportar a Ábrego García a un tercer país aunque “no han determinado” cuál.
Además, la funcionaria judicial rechazó la petición del Gobierno de Trump de desestimar el juicio civil por la deportación por “error” de Ábrego García, encarcelado en Tennessee mientras afronta cargos por un caso aparte, por supuesto tráfico de personas indocumentadas.
Los fiscales del DOJ argumentaron este lunes en Maryland que la deportación de Ábrego García a El Salvador en marzo “fue un error aislado”, aunque la jueza Xinis indicó que el presidente Donald Trump y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ignoraron las órdenes judiciales que pedían frenar su expulsión.
Limitaciones a la información y los comentarios
En otro tribunal, el juez que supervisa el caso penal de Abrego García ordenó a la administración Trump que se adhiera a las reglas judiciales que prohíben declaraciones públicas que puedan influir o perjudicar a un jurado de Tennessee.
En el caso penal, la jueza federal de distrito Waverly D. Crenshaw determinó el pasado jueves que “se espera que todos los abogados cumplan con las Reglas Locales de este Tribunal”, según el expediente judicial revisado por Newsweek.
En concreto, la orden exige “el cumplimiento de la norma penal local 2.01”.
¿Qué es la Norma Penal Local 2.01?
La regla 2.01, titulada “Divulgación de información relativa a procedimientos penales”, describe varias limitaciones a la información y los comentarios que los abogados pueden hacer con respecto a los juicios penales en un esfuerzo por proteger el derecho del acusado a un juicio justo.
Respecto a las declaraciones extrajudiciales, establece que los abogados involucrados: “no deben hacer una declaración extrajudicial (que no sea una cita o referencia a registros públicos) que el abogado sabe o razonablemente debería saber que será difundida por comunicación pública, y que tendrá una probabilidad sustancial de perjudicar materialmente un procedimiento judicial en el asunto, incluyendo especialmente que interferirá con un juicio justo”.
Las reglas señalan que los comentarios pueden tener “efectos perjudiciales materiales”, en particular si se refieren a ataques personales, de credibilidad, de reputación y más.
La administración Trump ha utilizado palabras como “pandillero”, “monstruo”, “depredador ilegal”, “bárbaro” y otras para describir a Abrego García, según escribió la defensa en su moción del 2 de julio, solicitando el cumplimiento de la regla 2.01. Calificaron esto como parte de una “campaña de desprestigio público” contra Abrego García.
El salvadoreño permanece bajo custodia federal en Nashville, Tennessee, a la espera de juicio por tráfico de personas. Ha generado gran interés tras ser deportado a El Salvador por la administración Trump en marzo, a pesar de una orden judicial de 2019 que prohibía su expulsión. La administración ha insistido en que este residente de Maryland pertenece a la pandilla MS-13, algo que él y su familia han negado.
Tras un mandato de la Corte Suprema , Abrego García fue devuelto a Estados Unidos en junio y posteriormente procesado por un gran jurado. Se declaró inocente de los cargos de trata de personas.
El migrante se encontraba entre los 230 migrantes deportados al infame Centro de Confinamiento Antiterrorista de El Salvador, conocido como CECOT, en marzo de este año. Su deportación se debió a lo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) admitió posteriormente como un “error administrativo”.
