La ciudadanía por nacimiento, una garantía constitucional que durante más de un siglo protegió a millones de personas nacidas en Estados Unidos, entró en zona de incertidumbre. Este viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos. dictó un fallo que, si bien no modificó aún esa protección, debilitó los mecanismos legales que hasta ahora frenaban su eliminación.
La decisión fue tomada por 6 votos contra 3 y representa un fuerte respaldo al presidente Donald Trump, quien busca limitar este derecho.
El caso se centró en la posibilidad de que tribunales federales emitan medidas cautelares universales, herramienta clave que había servido para bloquear políticas presidenciales, como la orden ejecutiva firmada por Trump el mismo día de su asunción, el 20 de enero. Esa medida ordena negar la ciudadanía a bebés nacidos en EE.UU. cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes legales permanentes.
Aunque la Corte aún no evaluó la constitucionalidad del decreto, sí resolvió que los jueces ya no podrán suspender su aplicación a nivel nacional, dejando miles de familias en el limbo.
Durante décadas, la Enmienda 14 fue interpretada como un escudo legal que garantizaba la nacionalidad a toda persona nacida en suelo estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres. La administración Trump ahora busca redefinir ese principio, argumentando que fue mal interpretado y que originalmente solo debía aplicarse a hijos de ciudadanos o de exesclavos.
De prosperar esta visión, cientos de miles de niños quedarían excluidos de su derecho automático a ser reconocidos como estadounidenses.
La incertidumbre es enorme. Según organizaciones civiles y fiscales generales de 22 estados que presentaron demandas contra el decreto, más de 150.000 bebés por año podrían ser afectados, muchos de ellos hijos de inmigrantes trabajadores o personas con visas temporales.
Para estas familias, el fallo de la Corte representa una amenaza directa a su estabilidad legal, social y económica. “Estamos viendo cómo se desmantela un principio básico de igualdad ante la ley”, advirtieron desde el Centro Nacional de Derecho de Inmigración.
El antecedente legal más importante en esta materia, el fallo Wong Kim Ark de 1898, había sentado la base del «jus soli» en Estados Unidos.
Pero ahora, ese precedente podría ser revisado. La Corte no descartó abordar el fondo del caso en el próximo período de sesiones, a partir de octubre, lo que podría derivar en un cambio radical en el concepto mismo de ciudadanía en el país. Mientras tanto, las agencias federales podrían comenzar a aplicar el decreto presidencial sin trabas judiciales a nivel nacional.
En un país donde la nacionalidad garantiza acceso a derechos fundamentales como salud, educación y empleo formal, negar la ciudadanía a quienes nacen en suelo estadounidense representa más que un cambio legal: implica una redefinición del quién pertenece y quién no.
Para muchos, lo que está en juego no es solo un documento, sino su lugar en la sociedad. Y con el nuevo fallo, ese lugar quedó peligrosamente en suspenso.
Mas de 20 estados aún se permiten la ciudadanía por nacimiento
El fallo de la Corte Suprema revocó las prohibiciones a nivel nacional sobre los cambios a su derecho de ciudadanía por nacimiento, pero más de 20 estados aún tienen fallos vigentes que preservan el derecho tal como está.
A pesar de la resolución, aún hay margen para que las demandas legales continúen en los tribunales inferiores, porque la mayoría de la Corte dejó abierta la posibilidad de que se logren los mismos resultados mediante demandas colectivas a nivel nacional. Los jueces concurrentes advirtieron contra tales maniobras, pero dudo que los tribunales inferiores las tomen en cuenta.
En el centro del fallo del viernes estuvieron tres casos de tribunales inferiores de Massachusetts, Maryland y Washington, donde los jueces habían emitido órdenes judiciales universales que bloqueaban una orden ejecutiva de enero.
La administración Trump argumentó que los tribunales locales no deberían poder bloquear las políticas ejecutivas a nivel nacional, postura con la que coincidió la Corte Suprema . Esto significa que ahora esos tres fallos se limitarán a esos estados específicos, así como a los estados que se unieron a las demandas individuales.
La política de Trump sigue bloqueada en los siguientes estados:
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Hawai
- Illinois
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Nevada
- Nueva Jersey
- Nuevo México
- Nueva York
- Carolina del Norte
- Oregón
- Rhode Island
- Vermont
- Washington
- Wisconsin
En los demás estados, la orden de Trump puede entrar en vigor 30 días después del fallo del viernes, a la espera de cualquier acción legal adicional. Dicha orden limita la ciudadanía por nacimiento a quienes sean ciudadanos estadounidenses o residan en el país con residencia permanente legal, excluyendo a quienes tengan visas de visitante y temporales, así como a los inmigrantes indocumentados.
