Florida se prepara para abrir un centro de detención apodado el “Alcatraz de los caimanes”, en medio del humedal de los Everglades, para ayudar a la administración de Donald Trump a llevar a cabo su programa de deportaciones de migrantes indocumentados en Estados Unidos.
El lugar elegido, un aeródromo abandonado en el corazón de la joya natural de Florida, acogerá grandes tiendas de campaña y camas para al menos 1.000 migrantes, indicó el fiscal general del estado sureño, James Uthmeier, en un post publicado la semana pasada en X.
“Esta zona de 30 millas cuadradas (unas 7.770 hectáreas) está completamente rodeada por los Everglades y presenta una oportunidad eficaz y de bajo coste para construir un centro de detención temporal, porque no hace falta invertir tanto en el perímetro”, dijo el funcionario en un video con imágenes del área y clips de detenciones de indocumentados.
“La gente sale. No hay mucho esperándole, aparte de caimanes y pitones. Ningún lugar a donde ir, ningún lugar donde esconderse (…) Alcatraz de los caimanes, estamos listos”, añadió.
Alcatraz Caimán abriría el martes, según el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para retener hasta 3.000 migrantes., pero cientos de ambientalistas, indígenas y activistas protestaron este sábado para denunciar las afectaciones ambientales en esta zona de humedales y pantanos al oeste de Miami.
Críticas y protestas
La iniciativa ya ha levantado ampollas entre los críticos del duro plan migratorio de Trump, que provocó recientemente manifestaciones contra el ICE en Los Ángeles y en otras numerosas ciudades de Estados Unidos.
“Convertir los Everglades en un campo de detención de inmigrantes financiado por los contribuyentes es una grotesca mezcla de crueldad y teatro político”, declaró al Miami Herald Alex Howard, exportavoz del Departamento de Seguridad Interior en el gobierno del demócrata de Joe Biden (2021-2025).
“La inmigración no se resuelve haciendo desaparecer a la gente en tiendas vigiladas por caimanes. Se resuelve con un procesamiento legal, una infraestructura humana y una política real, no montando una artimaña de 450 millones de dólares en plena temporada de huracanes”, agregó.
También, cientos de ambientalistas, indígenas y activistas protestaron este sábado para denunciar las afectaciones ambientales en esta zona de humedales y pantanos al oeste de Miami, donde hay 36 especies nativas de animales y plantas amenazadas o en peligro, entre ellas caimanes y pitones.
Otras dos organizaciones ambientalistas benéficas presentaron el viernes una demanda en un tribunal federal de Miami intentando bloquear la apertura de la nueva instalación de procesamiento de inmigrantes.
La demanda fue presentada por Amigos de los Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica, quienes dijeron que la propuesta viola la Política Ambiental Nacional y las leyes de Especies en Peligro de Extinción.
Los Amigos de los Everglades dijeron a Newsweek que la planta de procesamiento era “otra amenaza existencial” para el ecosistema de los Everglades.
La demanda del viernes fue presentada en el Distrito Sur federal de Florida y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem , y el director interino de ICE, Todd Lyons, figuran entre los acusados.
El nuevo centro de detención está en construcción en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, un sitio de entrenamiento de 39 millas cuadradas cerca de la Reserva Nacional Big Cypress que tiene una pista de asfalto de 10,000 pies.
Todo por apoyar la política migratoria de Trump
El estado del sureste, gobernado por el republicano Ron DeSantis, presume de colaborar estrechamente con el gobierno de Trump en su plan de deportar a migrantes de forma masiva.
Desde el regreso del multimillonario a la Casa Blanca, su administración ha tratado de reclutar a autoridades locales para ayudar a la policía migratoria, el llamado ICE, a aumentar de forma considerable los arrestos de indocumentados.
El fiscal general floridano confió en que el nuevo centro de detención empiece a alojar migrantes en un plazo de “30 a 60 días tras el inicio de la construcción”.
Su funcionamiento le costará alrededor de 450 millones por año, aunque el estado puede solicitar fondos al gobierno federal, según indicó Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, a medios locales.
