La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó al presidente Donald Trump una importante victoria este viernes al limitar la facultad de jueces federales para bloquear decisiones de su administración que consideran ilegales.
Por seis votos a favor y tres en contra (los de las juezas progresistas), la corte declaró que las suspensiones a nivel nacional emitidas por jueces de tribunales inferiores “probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales”.
Trump celebró el fallo de inmediato.
“¡VICTORIA GIGANTESCA en la Corte Suprema de Estados Unidos! Incluso el fraude de la ciudadanía por derecho de nacimiento se ha visto, indirectamente, duramente afectado”, declaró en su plataforma Truth Social y anunció una rueda de prensa en la Casa Blanca a las 11H30 (15H30 GMT).
En realidad el máximo tribunal no se pronunció por el momento sobre si el decreto de Trump para abolir la ciudadanía automática por nacimiento es constitucional o no.
“Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo, resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que les ha otorgado el Congreso”, declaró la jueza Amy Coney Barrett, autora del dictamen.
“Cuando un tribunal concluye que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades”, añadió en un fallo al que se adhirieron los otros cinco jueces conservadores del tribunal.
Las tres juezas liberales discreparon.
El fallo tendrá consecuencias en la capacidad del poder judicial para controlar a Trump o a futuros presidentes estadounidenses.
El caso se centró en si un solo juez de un tribunal federal de distrito tiene derecho a bloquear a nivel nacional un decreto presidencial mediante una orden universal mientras el asunto se litiga en las cortes.
El 20 de enero, día de su investidura, Donald Trump firmó uno de sus decretos más criticados. Su objetivo: negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal, como asilo o visas.
Este principio está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana.
El decreto de Trump fue impugnado y suspendido por los tribunales de distrito de Maryland, Massachusetts (ambos en el noreste) y el estado de Washington (noroeste). Lo consideraron inconstitucional.
Magistrados demócratas y republicanos han congelado otras iniciativas de Trump, muchas de ellas migratorias.
Ante esta situación su gobierno presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema.
Durante los argumentos orales del caso ante la Corte Suprema en mayo, tanto jueces conservadores como liberales expresaron su preocupación por el creciente uso de órdenes judiciales a nivel nacional por parte de los tribunales de distrito en los últimos años.
‘Arma nuclear’
El juez Samuel Alito, un ultraconservador, afirmó que las órdenes judiciales a nivel nacional plantean un “problema práctico” porque hay cientos de jueces de tribunales de distrito y cada uno de ellos está “convencido” de estar en lo cierto.
El asesor jurídico de la administración John Sauer, quien argumentó a favor de Trump en la vista judicial, comparó las órdenes judiciales a nivel nacional con un “arma nuclear”. Según él alteran el “equilibrio constitucional de la separación de poderes”.
La administración de Trump había solicitado a la Corte Suprema que restringiera la aplicación de una orden judicial de un tribunal de distrito a las partes que presentaron el caso y al distrito donde preside el juez.
Otros presidentes estadounidenses se quejaron de las medidas cautelares durante sus mandatos porque los ataban de manos, pero ninguno se enfrentó a tantas en tan poco tiempo como Trump.
