Un Tribunal de Tennessee dejó en libertad al salvadoreño Kílmar Ábrego, bajo las condiciones de arresto domiciliario mientras analiza el riesgo de que sea deportado de forma inmediata si pasa a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La jueza federal Barbara Holmes decidió que la defensa de Ábrego deberá presentar este jueves 26 de junio nuevos alegatos, mientras que la Fiscalía Federal tiene hasta el viernes 27 para hacerlo y convencer al tribunal sobre sus argumentos para proceder o evitar la deportación del migrante.
“Los alegatos de las partes no excederán de cinco (5) páginas cada uno. Abrego permanecerá bajo custodia del Alguacil de los Estados Unidos a la espera de la orden de liberación del Tribunal y la orden que establece las condiciones de la misma, la cual se emitirá tras los alegatos de las partes indicados anteriormente”, indicó el Tribunal.
Ábrego enfrenta un proceso judicial en Tennessee por supuestamente haber transportado personas indocumentadas en el país. Su caso fue presentado por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, poco después de haberlo traído de regreso a territorio estadounidense, tras intensas presiones judiciales para facilitar su retorno.
La jueza Holmes había ordenado su liberación al considerar que no representa un peligro para la sociedad ni existe riesgo de fuga. Sin embargo, advirtió que, una vez excarcelado, probablemente pasaría a custodia de ICE, lo que abre la posibilidad de una deportación acelerada, sin audiencia ante un juez.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos había advertido que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), capturaría a Ábrego por su estatus de migrante y procederían a deportarlo tan pronto fuera liberado por el tribunal.
Vestido con uniforme carcelario rojo y con audífonos de traducción, Ábrego asistió a la audiencia acompañado por su esposa, Jennifer González, quien lo observó desde la primera fila junto a familiares y activistas. La audiencia tenía como objetivo definir las condiciones de su eventual libertad.
El caso ha generado amplia atención entre organizaciones defensoras de derechos humanos y opositores a la política migratoria de Trump, al considerar que Ábrego fue víctima de una “desaparición forzada” tras su deportación a la cárcel de máxima seguridad del CECOT, junto a otros 200 migrantes, en su mayoría venezolanos.
