Uno de los principales instrumentos que sustenta la denominada “guerra contra las pandillas” en El Salvador cumplió tres años y tres meses de vigencia, en medio de un amplio respaldo por su impacto en la reducción de la violencia y el combate a las pandillas, pero bajo duros cuestionamientos por violaciones de derechos humanos.
Se trata del Régimen de Excepción, un decreto que suspende algunas de las principales garantías constitucionales y que fue instaurado a finales de marzo de 2022 tras un repunte de homicidios por parte de las pandillas.
El último reporte del ministerio de Seguridad indica que bajo dicha medida se ha logrado la detención de 87,088 personas vinculadas a estructuras pandilleriles “entre ellos, jefes y cabecillas de pandillas, extorsionistas, homicidas, entre otros”.
El balance de los tres años detalla que las autoridades decomisaron a las estructuras de pandillas 11, 247 vehículos de diferente tipo, más de $5 millones en efectivo, 22,701 celulares y 4,869 armas, entre estas: pistolas, revolver, fusil, ametralladoras, escopetas, carabinas, granadas y otras.
Con el régimen de excepción los homicidios cayeron de 36 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 1,9 en 2024.
Respaldo
El gobierno y sus aliados sustentan las constantes prórrogas de la medida en la efectividad que ha logrado para diezmar a las pandillas y en la reducción de homicidios, dos graves problemas de seguridad que mantenían en zozobra a la población y ubicaban al país como uno de los más violentos en el escenario internacional.
“Han pasado más de tres años desde que la Asamblea Legislativa, con mayoría de diputados de Nuevas Ideas, aprobó esta herramienta constitucional que ha permitido hacer lo que muchos creían imposible: recuperar el país del control de las pandillas, devolverles la seguridad a las personas honradas y abrir un nuevo capítulo para la historia de El Salvador”, dijo el legislador del partido gubernamental, Raúl Chamagua, durante la última discusión sobre el tema en la Asamblea Legislativa.
De hecho, gran parte de la población se manifiesta en favor de la disposición gubernamental a través de las encuestas. Un sondeo publicado este mes por del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (Iudop), asegura que el 66,8 % de la población aprueba el régimen de excepción y le otorga una nota de 6,3 (en una escala de 0 a 10).
El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, aseguró en marzo pasado que los salvadoreños ahora viven sin “miedo” a la delincuencia, al justificar tres años del un régimen de excepción.
En respuesta a una escalada de 87 homicidios registrados en un mismo fin de semana, el presidente Nayib Bukele instauró un régimen de excepción el 27 de marzo marzo de 2022 para combatir a las pandillas financiadas con extorsiones y venta de drogas.
“Lo que por décadas fue impensable para los salvadoreños, vivir sin miedo, con paz y libertad, ahora es una realidad, y eso ha sido posible gracias al régimen de excepción”, aseguró Villatoro en la red social X.
El presidente Nayib Bukele también dijo en marzo en X que era “la mayor operación contra el crimen en la historia mundial”.
Los cuestionamientos
Si bien la medida goza de un amplio respaldo, también es cuestionada por organismo internacionales y locales haciendo eco de por miles de denuncias de violaciones a derechos humanos, incluidas muertes bajo custodia estatal.
Iliana Álvarez, directora del Iudop, señaló durante la presentación de los resultados de la encuesta de la UCA que a pesar que el régimen de excepción continúa “bien” evaluado, un 37,4 % de las personas encuestadas piensa que “hay que buscar otras medidas” contra la violencia y la delincuencia.
Una de las demostraciones la hizo este miércoles un grupo de familiares de personas detenidas en el contexto de un régimen de excepción, quienes solicitaron que la medida no se prorrogue más y sea derogado el decreto legislativo que lo permite y faculta a la Fiscalía General a “alargar” el tiempo de investigación.
Un centenar de activistas marcharon hasta la Asamblea Legislativa para pedir que no apruebe dicha prórroga.
Ese decreto extendió la detención provisional de seis a 24 meses y autorizó juicios colectivos para pandilleros que operaban en una misma área. Esta norma especial rige hasta inicios de agosto próximo.
«Lo que queremos pedir es que ya no prorroguen el Decreto 803, que es el decreto que le da a la Fiscalía [la facultad] (…) de seguir prolongando las detenciones provisionales», declaró a la AFP Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir).
De los más de 87,000 capturados reportadas por el gobierno, unos 8.000 de ellos salieron en libertad tras ser declarados inocentes, según cifras oficiales, pero organizaciones de derechos humanos aseguran que todavía hay miles de inocentes tras las rejas.
Diversos analistas consideran que la medida se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas y en un mecanismo de “permanente -y no temporal- de control social”.
La organización Amnistía Internacional (AI) señaló recientemente que el régimen de excepción es una “herramienta” para “silenciar voces críticas”.
Se prevé que los diputados con mayoría oficialista prorroguen la semana entrante por 30 días más el régimen de excepción.
