Dos abogados considerados duros críticos del gobierno de Nayib Bukele permanecen en prisión tras ser capturados y acusados de delitos penales como enriquecimientos ilícito y lavado de dinero, mientras sus casos fueron declarados bajo reserva total por las autoridades judiciales.
La Fiscalía de El Salvador acusó este sábado ante un juzgado por presunto lavado de dinero al abogado constitucionalista Enrique Anaya, fuerte crítico Bukele, detenido hace dos semanas.
Anaya, de 61 años, ha llamado “dictador” a Bukele, criticó su reelección y el arresto de otros humanos, dos abogados y defensores de derechos ocurridos semanas antes.
La Fiscalía presentó la acusación formal sin la presencia de Anaya en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, que fijó la audiencia para el “próximo martes”, declaró a la AFP Jaime Quintanilla, uno de los tres abogados defensores.
“Actualmente solo estamos conociendo el caso y sus hechos” en un proceso que fue declarado bajo “reserva” por las autoridades, aseguró Quintanilla.
En la audiencia del martes, el juzgado determinará si Anaya queda en detención provisional, libre o se le juzga en libertad con medidas sustitutivas.
Admiten recurso de hábeas corpus
Este mismo sábado, la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de hábeas corpus a favor de Anaya, por lo que deberá ser presentado ante un juez.
Al admitir el recurso de hábeas corpus, según el abogado, la Sala Constitucional reconoció “la vulneración de los derechos a la salud y la defensa” de Anaya, quien tiene problemas de diabetes.
Los abogados defensores argumentaron que “el uso excesivo de la fuerza” en el arresto, “episodios de desaparición forzada de corta duración”, porque estuvieron sin conocer su paradero durante tres días, y “afectaciones a su dignidad e integridad personal”.
Anaya es columnista y analista consultado con frecuencia por la prensa, y acudía a programas de televisión donde criticaba abiertamente la política de seguridad y la reelección, prohibida en la Constitución pero permitida a Bukele por una interpretación de jueces afines.
El caso de Ruth López
El arresto de Anaya ocurrió tras la detención de la abogada Ruth López, activista de la onegé de derechos humanos Cristosal, cuyos abogados apelaron este miércoles la decisión de un juzgado que ordenó su detención provisional tras ser arrestada bajo cargos de enriquecimiento ilícito.
López, de 47 años, jefa de una unidad anticorrupción de la ong humanitaria Cristosal, fue detenida el pasado 18 de mayo, en un caso que organismos internacionales ven como una estrategia de Bukele para acallar a los activistas de derechos humanos.
En un breve mensaje en la red social X, Cristosal aseguró que el equipo de la defensa de López busca con el recurso de apelación “garantizar el respeto a sus derechos y garantías del debido proceso”.
El Juzgado Décimo Segundo de Paz dictó la detención provisional el 4 de junio, sin precisar el tiempo, en un proceso que fue declarado bajo “reserva total”.
López investigaba supuestos casos de corrupción en el gobierno de Bukele, hacía fuertes críticas de su política de seguridad, y asistía a 252 venezolanos deportados por Estados Unidos y encarcelados en una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
La fiscalía asegura que López habría cometido el delito hace diez años cuando fue asesora del entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas, detenido en febrero, también acusado de enriquecimiento ilícito.
Organizaciones como Aministía Internacional y Human Rights Watch condenaron su detención y exigen su liberación.
Además de López, en las últimas semanas fueron detenidos un abogado ambientalista y un pastor evangélico que apoyaban una protesta de campesinos.
Salvadoreños temen criticar a Bukele, según encuesta
Una encuesta de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) publicada este jueves asegura que seis de cada diez personas en El Salvador piensan que criticar al presidente Nayib Bukele o a su gobierno puede acarrearles «consecuencias negativas».
Ante la consulta de «qué tan probable es que una persona o institución pueda sufrir consecuencias negativas por expresarse de forma crítica sobre el gobierno y el presidente en redes sociales u otro medio de difusión», el 57,9% de los encuestados indicó que eso era «muy probable o algo probable».
En tanto, un 15,1% opinó que era «poco probable», y un 24,1% dijo que era «nada probable». Otro 2,9% no respondió, según el informe de la UCA.
De acuerdo con el sondeo, «48 de cada 100 ciudadanos» consideran que las consecuencias negativas que puede sufrir una persona por criticar a Bukele es ser «detenida o encarcelada».
Bukele, en el poder desde 2019, goza de alta popularidad por haber reducido a mínimos históricos la violencia criminal con una «guerra» que declaró a las pandillas en 2022, pero es acusado por grupos de derechos humanos y opositores de concentrar el poder y acallar a las voces críticas con arrestos y procesos judiciales.
