Familiares y representantes de algunos de los 252 venezolanos deportados por Estados Unidos y encarcelados en el CECOT, llegaron a El Salvador para pedir al presidente Nayib Bukele que les permita verlos en la megacárcel de máxima seguridad donde están presos desde hace casi tres meses.
Este martes 10 de junio llegaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador con el objetivo de solicitar a la institución que se brinde ayuda para visitar a los detenidos y constatar las condiciones de salud en las que se encuentran.
Walter Márquez y Reyna Cárdenas, abogados de seis de los venezolanos encarcelados dijeron que buscarán entregar este jueves a los tribunales salvadoreños las evidencias que comprobarían que sus representados no tienen vinculación con alguna banda criminal como han sido señalados públicamente por los gobiernos estadounidense y salvadoreño.
Uno de sus representados es Andry José Hernández Romero, un maquillista de 31 años deportado el 16 marzo, de quien dijeron presentarán “todas las pruebas” de que “no tienen antecedentes penales” ni en Venezuela, ni en Estados Unidos, y que algunos se encontraban en el trámite para obtener asilo en la nación norteamericana.
La tía de Widmer Agelvis Sanguino y una amiga de Andry Hernández Romero también llegaron la noche del lunes a San Salvador, primer viaje al país centroamericano de parientes de alguno de los venezolanos expulsados desde el 15 de marzo por Estados Unidos, acusados de integrar la banda criminal Tren de Aragua.
«Queremos que se nos permita visitarlos, saber cómo está su estado de salud y pedimos una pronta liberación», afirmó a la AFP Jhoanna Sanguino, tía de Agelvis.
Reina Cárdenas dijo tener pruebas de que Hernández Romero, como otros, es «inocente». «Quiero que él sepa que no está solo», expresó, mientras sostenía con Jhoanna fotos de varios de los venezolanos.
«Estamos luchando por ellos. Es frustrante, desesperante no saber nada de ellos, cómo están de salud», agregó.
Johanna Sanguino, tía de Josneyder Agelviz Sanguino, dijo que presentaron un escrito por seis de los 252 venezolanos que están actualmente recluidos en el CECOT luego de ser deportados por los Estados Unidos, pero que en el fondo su intención es que todos sus compatriotas recuperen su libertad.
“El mensaje es claro, venimos un solo propósito: que se nos permita derecho a visita, que se nos permita saber sobre el estado de salud de ellos y posteriormente la libertad de nuestros jóvenes. Detrás de cada joven detenido hay una historia, algunas más críticas que otras. Pero además detrás de cada uno de ellos hay mamitas en Venezuela que lloran por ellos y que quieren verlos de nuevo”, declaró Sanguino a la Radio YSUCA.
“Todo por los tatuajes”
El gobierno de Trump, que dijo que pagará a El Salvador seis millones de dólares por mantenerlos encarcelados, no presentó pruebas de sus acusaciones y los expulsó en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, hasta entonces solo usada en tiempos de guerra.
«Todo fue por los tatuajes (…) Hemos dejado nuestra vida personal a un lado para pedir que se haga justicia. Ha sido muy duro», dijo Sanguino.
Agelvis, de 24 años, quien tiene tatuajes de un reloj, una rosa y un búho, fue deportado a pesar de haber ingresado de forma regular a Estados Unidos como refugiado, explicó su tía.
Hernández, de 32 años, quien cruzó la peligrosa selva panameña del Darién en 2004 para llegar a Estados Unidos, es estilista y actor de teatro, y tiene tatuadas dos coronas con los nombres de sus padres.
«Emigró porque estaba siendo amenazado por su orientación sexual y temas políticos», aseguró Cárdenas.
Varios familiares de los venezolanos los reconocieron en los videos difundidos por Bukele donde aparecen rapados y encadenados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel construida para pandilleros en Tecoluca, a 75 km de San Salvador.
«Queremos saber su situación jurídica y exigir su libertad», dijo Márquez, según el cual El Salvador no tiene jurisdicción penal internacional para mantenerlos detenidos y no existe sentencia en Estados Unidos contra ellos.
«No hay ni uno solo que sea del Tren de Aragua», subrayó.
Otro grupo de una treintena de venezolanos están representados en El Salvador por un bufete de abogados salvadoreños, contratados por el gobierno de Venezuela. Los del grupo de Táchira son críticos del presidente Nicolás Maduro.
Los deportados están incomunicados y sus abogados no han podido verlos, como tampoco han tenido respuesta a recursos de hábeas corpus en su favor, precisó a la AFP Salvador Ríos, del bufete contratado por el gobierno de Venezuela..
Organismos internacionales como Amnistía Internacional consideran que estas detenciones vulneran las normas internacionales de derechos humanos.
Uno de los salvadoreños, Kilmar Ábrego García, cuyo caso provocó un pulso entre el gobierno de Trump y la justicia por haber sido deportado por «error», fue devuelto el viernes a Estados Unidos y quedó detenido para ser procesado por supuesto tráfico de migrantes.
