Transportistas asesinados, comercios y colegios cerrados. La extorsión acorrala a Lima y otras ciudades de Perú, pese al envío de los militares a las calles para combatir el chantaje del crimen organizado.
Entre enero y abril la policía recibió 9.097 denuncias de extorsión, un 19% más con respecto al mismo período de 2024.
En Lima, capital de 10 millones de habitantes, parcialmente bajo estado de emergencia desde marzo, tres víctimas comparten su testimonio con la AFP.
“Ya no soy la misma”
Gustavo Salazar Yachachin fue asesinado a tiros el 22 de noviembre de 2024 en Lima, cuando conducía un bus de una compañía de transportes privada para la que trabajaba.
La empresa había sido blanco desde hacía semanas de una red de extorsión.
Dos sicarios en moto acabaron con la vida del conductor de 45 años de la empresa El Rápido, un crimen que dejó sin su único hijo varón a Cristina Yachachin, del popular distrito de San Juan de Miraflores.
“Muchas veces me pregunto si estoy viva o estoy muerta”, dice sollozando esta mujer de 70 años, durante una entrevista con la AFP.
“La vida se me terminó cuando me dieron la noticia de que mi hijo había fallecido”, asegura mientras contempla un afiche enorme con la foto de su hijo colgada en la sala de su modesta vivienda.
La mujer, de mediana estatura y vestida con una blusa negra y cabello recogido en un moño, comenta que su hijo “soñaba desde niño con ser chófer (…) Era un chico muy correcto, muy querido por la familia, por los vecinos y por los amigos”.
“Fue una noticia tan horrible que en realidad hasta ahora ya no soy la misma”, dice Cristina, que se enteró del asesinato por un vecino.
Al menos 19 choferes de empresas de transporte murieron acribillados por sicarios entre septiembre pasado y mayo en todo el país, según la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra).
“Estoy muerta en vida”
A comienzos de año, Marlith Bailon empezó a recibir amenazas contra su vida. Le exigían unos 3.000 dólares mensuales para poder seguir vendiendo prendas de vestir femeninas en una tienda del emporio textil de Gamarra, en el distrito de La Victoria.
“Si tú no pagas esto, vamos a atentar contra tu vida”, decían los mensajes que recibió en su celular. Ella se negó, presentó una denuncia y cerró su tienda.
Su local luce ahora abandonado, con algunos vestidos colgados al lado de decenas de perchas vacías. En el centro comercial cerraron más de una decena de locales a causa de la extorsión.
Debido al chantaje optó por vender a través de las redes sociales. La situación tuvo un profundo impacto en la salud de Marlith, de 38 años, que bajó 10 kilos por el miedo y el estrés.
“No tengo ganas de nada. Estoy muerta en vida, como se podría decir. Muerta en vida. Mi negocio está en total abandono”, lamenta, asegurando que ni siquiera se atreve a “ir al parque cerca de su casa para hacer ejercicios”.
“Las bombas”
El colegio Pitágoras, ubicado en el distrito de clase media Los Olivos, suspendió en marzo sus actividades educativas porque una banda criminal le exigía a los propietarios más de 160.000 dólares para dejarlos trabajar.
Una madre y su hija de nueve años vivieron días de “incertidumbre” porque no sabían si las clases presenciales se reiniciarían o seguiría la virtualidad debido a las amenazas.
“Ya en varios colegios colocaban bombas. No sabíamos si aquí también nos iba a pasar. Felizmente que no llegaron a ello”, cuenta esta madre, quien habló bajo anonimato por miedo a represalias.
El flujo de la extorsión “sigue aumentando”, lamenta la mujer de 38 años respecto a la expansión de la extorsión que llega a todo nivel. “Hasta los pequeños kioscos que podemos encontrar en la calle, también se les cobra”.
Algunos padres decidieron cambiar a sus hijos de colegio y los alumnos que permanecieron recibieron charlas psicológicas.
En Perú más de 500 colegios han sido extorsionados. De ese total 325 cerraron por tiempo indefinido, según el colectivo Educar con Libertad, que representa a los colegios amenazados en Perú.
