La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la creación de una nueva “Ley de sostenibilidad fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas”, uno de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte de un acuerdo para acceder a un financiamiento de 1,400 millones de dólares.
El objetivo de la normativa es garantizar la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo de las finanzas públicas que contribuyan a la estabilidad macroeconómica del Estado. El Salvador se compromete a reducir gradualmente su deuda hasta alcanzar el 70 % del PIB en 2045.
Establece un límite de endeudamiento con pensiones del 70 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el Sector Público No Financiero (SPNF) para 2045, iniciando con un límite del 80 % del PIB en 2030 y continuando con un 75 % del PIB en 2035.
Fue aprobado con dispensa de trámite por el Órgano Legislativo, sin discusión en ninguna comisión.
Los diputados de oposición criticaron que la nueva legislación, aprobada el martes con 59 de 60 votos, establezca límites de deuda hasta el año 2030 y no antes.
La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, señaló que su partido fue el único que no acompañó la aprobación porque le parece “un descaro”, en primer lugar, que se apruebe con dispensa de trámites y no haya sido estudiada y que se impongan obligaciones hasta el 2030.
El partido opositor ARENA dijo que acompañó la iniciativa al considerar que era importante tener una normativa que le pusiera freno al endeudamiento y que obligue a la presentación de informes. Vamos votó en contra ya que indicó no creer en que el gobierno cumpla las disposiciones establecidas.
La “Ley de sostenibilidad fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas” obliga al ministerio de Hacienda a publicar una programación fiscal, un informe de cumplimiento de las metas fiscales con las medidas que se tomarán para corregir las desviaciones y un informe mensual que contenga la deuda que tiene Tesorería con bienes y servicios.
Hacienda deberá elaborar un “Marco Fiscal de Mediano Plazo” (MFMP), que contendrá una programación fiscal de cinco años y cuya versión actualizada será publicada a más tardar el 31 de mayo de cada año en el Portal de Transparencia con proyecciones de gastos, balance fiscal y primario, nivel de deuda con pensiones y cumplimiento de regla de la deuda.
En la meta fiscal anual para los cinco años, el Gobierno deberá identificar los riesgos fiscales relacionados a desastres, situación macroeconómica, de empresas públicas, gobiernos municipales, sistema de pensiones y de deuda con garantía estatal y su saldo respectivo, y el gasto tributario.
El acuerdo con el FMI también compromete al gobierno a una Ley de Estabilidad Financiera a finales de junio de 2025, un Marco Fiscal de Mediano Plazo para finales de octubre de 2025 y una reforma de pensiones que contenga el costo fiscal en 2026, así como un ajuste fiscal de 3.5 % del PIB durante tres años, que inicia con un tramo de 1.5 puntos porcentuales del PIB para este año 2025.
Esta ley viene a sustituir a la ley de Responsabilidad fiscal pasada, la cual estaba basada en un tope de deuda de 65%; pero que fue suspendida por la pandemia. Y ahora, este es un nuevo esfuerzo por proyectar un nuevo techo fiscal.
El economista Rafael Lemus dijo a La Prensa Gráfica que lo importante era que la deuda se estabilice: “que no crezca más, que empiece a bajar suavemente, que es lo que está contemplado; haciendo todo el programa de ajuste y la reforma de pensiones que ayude a no cargar gastos al gobierno”.
