El abogado constitucionalista salvadoreño Enrique Anaya, férreo crítico del presidente Nayib Bukele, fue detenido este sábado bajo acusación de lavado de dinero, informó la fiscalía, en lo que organizaciones de derechos humanos consideran una ofensiva para acallar a quienes cuestionan al gobierno.
Anaya, arrestado en su casa en la ciudad de Santa Tecla (oeste de San Salvador), ha llamado “dictador” a Bukele, criticado su reelección y el reciente arresto de la también abogada Ruth López, activista de la oenegé de derechos humanos Cristosal.
La Fiscalía General difundió en la red social X imágenes de Anaya esposado junto a policías, y precisó que «será remitido a los tribunales» en «los próximos días» por “lavado de dineros y activos”.
Anaya es también analista consultado con frecuencia por la prensa y acudía a programas de televisión donde criticaba abiertamente la política de seguridad y la reelección, prohibida en la Constitución pero permitida a Bukele por una interpretación de jueces afines.
En 2023, previo a las elecciones presidenciales, Anaya fue uno de los abogados que presentaron un escrito al Tribunal Supremo Electoral, en el que solicitaron que se denegara la inscripción de Nayib Bukele como candidato a presidente, porque esto contravenía seis artículos de la Constitución.
El gobernante, reelegido en febrero de 2024 con el 85% de votos gracias a su guerra contra las pandillas, acusa a sus críticos de activismo político de izquierda y hace una semana advirtió que los “corruptos de la oposición” no son intocables.
El pasado domingo, el presidente dijo que lo tiene sin cuidado que lo llamen “dictador”, tras lo que Anaya aseguró en un programa de Telecorporación Salvadoreña el martes que Bukele se había quitado “la careta”. “Es lo que es”, opinó.
“Por supuesto tengo miedo”
“Aquí el que hable, el que critique, el que no se arrodille ante el ídolo, se va preso. Por supuesto que tengo miedo”, agregó Anaya en la televisión.
En su último mensaje en X, escribió el viernes que está “cada vez más cuestionada y confrontada la dictadura bukeleana en el plano internacional”, al referirse a críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el arresto de López y otros activistas.
Anaya había calificado de “arbitrariedad” la detención el 18 de mayo de López, acusada por la fiscalía de enriquecimiento ilícito, lo que ella niega y dice ser una «presa política».
López, jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, indagaba supuestos casos de corrupción del gobierno, asistía a víctimas de la política de seguridad de Bukele y a familias de 252 venezolanos deportados por Washington y presos en El Salvador.
“Es parte de lo que estamos viviendo, lamentablemente la situación de Enrique es igual que el caso de Ruth”, dijo el abogado defensor de Anaya, Jaime Quintanilla.
“Escalada de criminalización”
En un comunicado, Cristosal describió a Anaya como una “figura clave en la defensa de la institucionalidad democrática y el orden constitucional”. “Su arresto es parte de una alarmante escalada de criminalización contra quienes defienden el Estado de Derecho en El Salvador”, subrayó.
“La libertad de expresión es clave para construir una sociedad más justa y participativa (…) denunciamos la persecución y el hostigamiento a las voces críticas”, afirmó el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador.
En mayo, fueron detenidos un abogado ambientalista y un pastor evangélico que apoyaban una protesta de campesinos, y en febrero Fidel Zavala, activista de derechos humanos, acusado de nexos con las pandillas.
Otras expresiones de condena
Políticos opositores, abogados, comunidades y organizaciones independientes hicieron públicas sus expresiones de condena por la captura del abogado Enrique Anaya.
Diputados del partido opositor ARENA dijeron que la detención “sin claridad pública de los hechos, genera inquietud”.
Este hecho “marca un precedente delicado. No es político ni activista: es un jurista independiente que ha señalado con fundamentos legales decisiones cuestionables”, publicó la diputada del partido Arena, Marcela Villatoro, en sus redes sociales.
Por su parte, la directora de Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, habla de persecución y “terror”. “Por mas que pretendan llenar de terror a quienes denuncian al régimen, seguiremos denunciando la injusticia, la corrupción”, dijo.
Anaya aseguró en varias ocasiones en entrevistas que el legado de Bukele será de “violación de derechos humanos” y “destrucción de la democracia”.
Cuadro clínico “complicado”
El representante legal del abogado detenido la tarde de este sábado externó su preocupación por el estado de salud del procesado por ser “un cuadro clínico complicado”.
El abogado Jaime Quintanilla brindó pidió a las autoridades que respeten el derecho a la salud de sus representado durante el proceso, asegurando que se trata de una situación “preocupante”.
Pedimos un “trato humano a nivel médico, porque si no recibe su tratamiento diario va a repercutir en una situación delicada de su salud”, advirtió Quintanilla, asegurando que se trata de un cuadro clínico “complejo”, sin dar otros detalles.
Anunció que presentará recursos ante otras autoridades para probar que no es una persona que pueda estar detenida y para que haya otro tipo de medidas al arresto pues es una persona que no posee riesgo de fuga.
