A pesar del rechazo expresado por decenas de oenegés y entidades internacionales, la controvertida Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador entrará en vigor este sábado 7 de junio tras ser sancionada por el presidente de Nayib Bukele.
La normativa fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de mayo pasado y firmada por el presidente Bukele nueve días después. Fue publicada en el Diario Oficial el 30 de mayo y entrará en vigencia este fin de semana.
Desde entonces inicia un periodo de 90 días para que cualquier persona u organización que reciba financiamiento extranjero se registre como “agente extranjero” en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX).
La ley conmina a estos “sujetos obligados” a dar cualquier información sobre sus actividades o finanzas que considere y le pida el RAEX y cobrarles, además, un impuesto del 30 % sobre los fondos extranjeros que reciba, además que limita expresamente su participación en actividades consideradas “políticas”.
Quienes no se registren quedarán impedidos de operar y podrían enfrentar sanciones que incluyen desde multas de $100,000 a $250,000, hasta la cancelación de su personería jurídica. La normativa contempla también un impuesto del 30 % sobre todas las transferencias extranjeras, incluyendo donaciones y bienes en especie.
Por esa razón es vista por organizaciones locales e internacionales como una amenaza a las libertades fundamentales y la democracia en El Salvador.
“La Ley de Agentes Extranjeros, por ser una normativa que promueve la criminalización, el control y la censura”, dijo a finales de mayo Verónica Reyna, de la ONG Servicio Social Pasionista, al leer ante la prensa una declaración suscrita por 70 organizaciones.
Por ley, se prohíbe a los agentes extranjeros realizar actividades políticas o que, a juicio del Estado, puedan alterar el orden público, la seguridad nacional o la estabilidad social y política del país. También se penaliza la difusión de contenido sin advertir su vínculo con fondos del extranjero.
Durante el aniversario de su gobierno, el 1 de junio, el presidente Bukele defendió la normativa como un mecanismo para “proteger la cooperación internacional” y asegurarse de que los fondos extranjeros destinados a proyectos sociales sean realmente para eso.
Aseguró que garantizará que quienes vengan a ayudar de verdad a la gente mantengan no paguen impuestos pero que quienes “vengan a velar por intereses políticos” paguen impuestos “como todos los demás”. Insistió en que no se prohibirá “que se metan en política” ni “que tengan injerencia”, solo que “se anoten y que paguen impuestos como cualquier empresa”.
