Cientos de miembros de organizaciones religiosas y sociales de El Salvador marcharon este jueves para rechazar la reintroducción de la minería en el país y exigir la libertad de activistas de derechos humanos encarcelados, todo en el marco de la conmemoración del Día del Medio Ambiente.
El caso más reciente de arrestos es el de la reconocida abogada y activista de derechos humanos Ruth López, detenida el 18 de mayo, acusada por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito.
López dijo ser “presa política” del gobierno de Nayib Bukele, al salir el miércoles de un juzgado que ordenó que continúe en detención provisional.
“Exigimos al Estado, al sistema judicial y la Fiscalía General de la República que los dejen en libertad [a los activistas de derechos humanos] y retiren cualquier proceso en su contra”, dice una declaración suscrita por una decena de oenegés, leído antes de la marcha, que congregó a unas 400 personas en la capital.
López, de 47 años, es abogada de la ONG de derechos humanos Cristosal, que indagaba supuestos casos de corrupción del gobierno, asistía a víctimas de la política de seguridad de Bukele y a familias de 252 venezolanos deportados por Washington y presos en El Salvador.
La Fiscalía acusa a López de enriquecimiento ilícito, un delito que habría cometido hace una década, cuando era asesora del entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, detenido en febrero por el mismo cargo.
Los manifestantes también exigieron la libertad de otro abogado y de un pastor evangélico detenidos a principios de mayo luego de apoyar una protesta de campesinos.
Estos detenidos “son hombres y mujeres que están a favor de la vida, que defienden la vida, no defienden criminales, no están haciendo algún delito”, dijo a la AFP el fraile franciscano Edison Zamora.
Cristosal señaló este jueves que el proceso contra López es “una alarmante señal del uso político del sistema judicial” y “demuestra que el actual régimen no busca justicia: busca silencio”.
Los manifestantes también rechazaron la reactivación de la minería metálica, aprobada en diciembre de 2024 por el Congreso a pedido de Bukele. La actividad estaba prohibida desde 2017.
“El agua no se vende, se cuida y se defiende”, coreaban los participantes en la marcha, que llegaron hasta el edificio del Congreso.
“El extractivismo es un terrible monstruo”, dijo Dagoberto Cuéllar, de la ONG Foro de la Salud, quien afirmó que la “lucha” contra la minería «es cuesta arriba», pues enfrenta “fuertes intereses económicos nacionales”.
