Autoridades penitenciarias de El Salvador informaron la noche del viernes que un privado de libertad murió tras “haberse lanzado” desde el tercer nivel del edificio en construcción del emblemático “Hospital Rosales”, donde había sido designado para trabajar en las obras.
“Lamentamos informar que esta tarde un privado de libertad, que laboraba en el área de construcción, se quitó la vida lanzándose desde el tercer nivel del nuevo Hospital Rosales”, informó Centros Penales en su cuenta de X.
De acuerdo con la entidad, el privado de libertad laboraba en la construcción del nuevo hospital cuando se suicidó.
Tras la caída, Alvarado presentó “múltiples heridas graves” y desde ese momento recibió atención médica y fue trasladado al área de emergencias del hospital, según los datos publicados de Centros Penales en su cuenta de X
“Lastimosamente, luego de 50 minutos de intervención y maniobras de resucitación, falleció”, agregó la institución.
Lamentamos informar que esta tarde un privado de libertad, que laboraba en el área de construcción, se quitó la vida lanzándose desde el tercer nivel del nuevo Hospital Rosales.
Su nombre es Manuel Alberto Alvarado Rivera.
Tras la caída, aún presentaba signos vitales, aunque…
— PenalesSV (@PenalesSV) May 31, 2025
El gobierno de Nayib Bukele utiliza a reos, especialmente en fase de confianza, para realizar trabajos públicos y obras de beneficio social bajo el denominado “Plan Cero Ocio”.
Se trata de reclusos que han demostrado buena conducta y han aprendido oficios. Trabajan en diversas áreas como la construcción de viviendas, rehabilitación de escuelas, remodelación de infraestructura policial, hospitales, y centros turísticos, entre otros.
Denuncia de muertes en las cárceles
La muerte de este recluso en una obra de construcción se produce en momentos en que organizaciones no gubernamentales han denunciado que al menos 415 personas habrían fallecido en cárceles de El Salvador bajo custodia del Estado.
Las muertes se habrían producido en el contexto del régimen de excepción contra las pandillas, que se aplica desde hace más de tres años en el país.
“Llevamos más de 415 casos personas que han sido asesinadas en manos del Estado”, afirmó Alejandro Díaz, de la organización de derechos humanos Tutela Legal ‘María Julia Hernández’.
Explicó en una conferencia de prensa que la cifra “es un estimado” de las oenegés a partir de las denuncias de los casos, y lamentó que desde el Estado “no se brinde información al respecto”.
Las denuncias afirman que bajo esta medida “se han configurado graves violaciones a derechos humanos”, “delitos internacionales como desaparición de corta duración, desaparición forzada y tortura”, y “se está aplicando el régimen a defensores de derechos humanos, incrementando la persecución”.
En julio del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo una audiencia sobre la situación general de los Derechos Humanos en El Salvador, en la que un grupo de organizaciones no gubernamentales denunció que en las cárceles habían muerto a la fecha unas 265 personas bajo custodia del Estado y reportó violaciones a derechos de activistas, periodistas y personas privadas de libertad, todo lo cual fue rechazado por el Estado.
Los diputados de la Asamblea Legislativa prorrogaron de nueva cuenta el régimen de excepción contra las pandillas -implementada desde marzo de 2022- el cual continuará vigente por 30 días más luego de más de tres años de vigencia.
La medida ha permitido encarcelar a 86,400 personas señaladas como miembros de pandillas o colaboradores de dichas agrupaciones.
Si bien la medida de régimen de excepción goza de un amplio respaldo por su impacto en la reducción de la violencia en el país, ha sido cuestionada por miles de denuncias de violaciones a derechos, incluidas muertes bajo custodia estatal.
Andrés Guzmán Caballero, excomisionado de Derechos Humanos del gobierno, rechazó las afirmaciones de que los presos estuvieran muriendo por negligencia o abusos intencionados, o a un ritmo superior al de la población civil, incluso por los efectos de la desnutrición.
“Es totalmente falso”, dijo en una entrevista citada por The New York Times , el 1 de mayo pasado.
Guzmán Caballero, que renunció a su cargo el 16 de mayo, no pudo proporcionar un número exacto de muertes de presos, pero dijo que hay un índice de mortalidad “muy bajo” en las dos decenas de centros penitenciarios del país.
