La Conferencia Episcopal de El Salvador (Cedes) pidió este jueves al presidente Nayib Bukele derogar el régimen de excepción, que desde hace tres años permite arrestos sin orden judicial, y liberar a los inocentes encarcelados en la “guerra” contra las violentas pandillas.
Bukele impuso en marzo del 2022, tras 87 homicidios en un fin de semana, un régimen de excepción bajo el que han sido detenidas unas 86.000 personas acusadas de ser pandilleros, y aunque el gobierno reconoció que unas 8.000 recuperaron su libertad por ser inocentes, organizaciones sociales afirman que hay aún muchos más tras las rejas.
Los obispos también instan al gobierno a “no promover las cárceles” salvadoreñas “para las víctimas” de las políticas contra los migrantes de “potencias extranjeras”.
En marzo pasado, El Salvador recibió y encarceló a más de 250 venezolanos, expulsados por Estados Unidos bajo la acusación, sin pruebas, de que pertenecen a la banda criminal Tren de Aragua.
¿Por qué piden derogar el estado de excepción?
En una carta abierta, los obispos piden “la derogación del estado de excepción” porque, según ellos, “aunque en otro momento fue necesario para frenar la violencia”, tres años después ya no lo es porque los crímenes se redujeron a mínimos históricos y hay libertades que están limitadas.
Ahora “se trata de permitir al pueblo ejercer su libertad sin presión alguna”, argumentaron.
Los obispos pidieron al gobierno “revisar los casos con gran objetividad” para que “los que son inocentes” sean liberados “lo más pronto posible” y que “no se persiga a los defensores de derechos humanos”.
Denuncias de persecución
Organismos humanitarios de El Salvador denunciaron este jueves que el gobierno de Nayib Bukele busca controlar las “voces” críticas con el régimen de excepción que impuso hace tres años para combatir a las pandillas.
A mediados de mayo fueron detenidos la abogada Ruth López, de la ONG de derechos humanos Cristosal; el abogado ambientalista Alejandro Henríquez; y el pastor evangélico José Pérez, quienes apoyaban a una cooperativa campesina que protestaba contra el gobierno.
En febrero también fue detenido el dirigente de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos (UNIDEHC), Fidel Zavala, acusado de “agrupaciones ilícitas”, delito imputado a miembros de pandillas.
“El régimen de excepción no tiene como fin último garantizar la seguridad. Tiene como fin último ejercer un control social de todas las voces que no comulgan con el discurso oficial”, declaró en rueda de prensa David Ortiz, abogado de la oenegé Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “María Julia Hernández”.
Esa asociación representa a familiares de personas que han sido detenidas bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo del 2022, y que aseguran no pertenecer a las pandillas.
Bukele goza de una enorme popularidad en el país pues su política de seguridad de mano dura ha reducido a mínimos históricos los homicidios.
Ortiz señaló que en las últimas semanas arreció la “persecución” de personas vinculadas a organismos defensores de derechos humanos.
López, de 47 años y jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, es acusada por la Fiscalía de haber cometido peculado cuando trabajó de asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Por su parte, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor evangélico José Pérez enfrentan cargos por “resistencia agresiva” y “desórdenes públicos”.
En febrero, el dirigente de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Fidel Zavala, fue detenido acusado de pertenecer a agrupaciones ilícitas, delito que se atribuye a los pandilleros.
“La represión se está agudizando, los líderes defensores de derechos humanos ahora tienen miedo de alzar la voz. El régimen (de excepción) no perdona a nadie”, añadió Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción.
Esas organizaciones pidieron a la comunidad internacional prestar “más atención” a lo que ocurre en El Salvador.
En un informe sobre los tres años del régimen de excepción, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tutela Legal ha documentado 1.077 casos de violación a derechos de libertad, salud, integridad y otros.
Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal, señaló que la organización no descarta que en un futuro se recurra a la Corte Penal Internacional (CPI) por las “graves violaciones” a derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción.
