Decenas de oenegés de El Salvador rechazaron el miércoles una ley aprobada por los diputados del congreso a pedido del presidente Nayib Bukele, que las obliga a registrarse como “agentes extranjeros” y pagar 30% de impuesto por las donaciones que reciban.
La ley aprobada el martes, obliga a todas las oenegés a inscribirse en el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) en un plazo de 90 días.
Se requiere un “veto o derogación de la Ley de Agentes Extranjeros, por ser una normativa que promueve la criminalización, el control y la censura”, dijo Verónica Reyna, de la ONG Servicio Social Pasionista, al leer ante la prensa una declaración suscrita por 70 organizaciones.
La diputada oficialista Suecy Callejas justificó el martes la nueva norma diciendo que en el país “no había existido un marco jurídico” para las entidades «financiadas por una persona o agente extranjero».
Pero las oenegés afirman que la ley tendrá un impacto negativo sobre la población “más empobrecida y vulnerada”, pues quedará sin acceso a programas de salud comunitaria y de prevención de la violencia contra mujeres y niñas.
Por ese motivo, los representantes de unas 70 organizaciones nacionales e internacionales pidieron al cuerpo diplomático acreditado en este país que se pronuncien contra la normativa que, según creen, permitirá la “discrecionalidad del gobierno” en el trabajo de las organizaciones que reciben fondos del extranjero.
Reyna dijo además que la ley creará un registro de carácter obligatorio para las oenegés, a pesar de que éstas “ya se encuentran registradas legalmente” en el país.
La representante advirtió que, con la ley, el cuerpo diplomático estará “condicionado en la forma que puede cooperar tanto con el gobierno como con las oenegés”.
Agregó que ese tipo de registros ha sido utilizado en otros países para «negar o cancelar la personería jurídica de organizaciones consideradas incómodas al oficialismo».
En la vecina Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ha tomado acciones contra las oenegés, clausurando más de 5.600 desde 2018 y expropiando sus bienes.
Suchit Chávez, de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), también manifestó preocupación ante la Ley de Agentes Extranjeros. La normativa obliga a que “cualquier material informativo” sea transmitido “con la etiqueta que indique que el mismo se transmite de un mandante extranjero o es financiado por este”.
Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso, aseguró que este tipo de leyes no busca transparentar la acción de la sociedad civil sino “perseguir cualquier voz crítica”.
“El Salvador está ahora en el centro de la preocupación internacional, muchos actores en Washington ven con alarma la aprobación de esta ley y que se dé en contexto de detenciones arbitrarias y que no hay un debido proceso, ni democracia, ni libertades, sino que es un paso más a quienes no están de acuerdo con las políticas del presidente Nayib Bukele”, señaló.
La directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, Gabriela Santos, aseguró que la ley forma parte de una «arremetida» del gobierno de Bukele contra quienes defienden el ambiente o los derechos humanos.
«Es un paso más que ha dado el Estado de aprobar esta ley, es solamente una creciente profundización del miedo y el deseo también de silenciar las voces que piden por un medio ambiente, que piden por el respeto a sus derechos», expresó Santos.
