El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se mostró alarmado este martes por el elevado número de extranjeros expulsados de EEUU y reveló que solicitó al gobierno de El Salvador que le de acceso a la cárcel de máxima seguridad del CECOT.
“Esta situación plantea serias preocupaciones respecto a un amplio abanico de derechos, que son fundamentales tanto en Estados Unidos como para la legislación internacional”, indicó el Alto Comisionado, Volker Türk, en un comunicado.
“Las familias con las que hemos hablado expresaron un sentimiento de impotencia frente a lo que pasó y su dolor de ver a sus seres queridos etiquetados y tratados como delincuentes violentos, o incluso terroristas, sin que ningún tribunal se haya pronunciado sobre la validez de lo que se les acusa”, afirmó.
Piden acceso al CECOT
El Salvador aceptó encarcelar a estas personas en el Cecot, una megaprisión de alta seguridad creada por el presidente Nayib Bukele para los pandilleros, a cambio de seis millones de dólares, según la Casa Blanca.
“Contactamos a las autoridades salvadoreñas y pedimos que nos den acceso al Cecot para poder determinar las condiciones en las que están detenidas estas personas. Esto es extremadamente importante”, dijo Liz Throssell, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, en una rueda de prensa en Ginebra.
De acuerdo a Türk, “la forma en que algunas personas fueron detenidas y deportadas -incluso utilizando cadenas-, así como la retórica humillante utilizada contra los migrantes, son también profundamente preocupantes”.
Unas 142.000 personas fueron deportadas de Estados Unidos entre el 20 de enero y el 29 de abril, indicó la oficina de Derechos Humanos de la ONU, citando cifras estadounidenses oficiales.
Sin embargo, el paradero de al menos 245 venezolanos y unos 30 salvadoreños expulsados a El Salvador siguen inciertos, añadió.
Hasta la fecha, las autoridades estadounidenses o salvadoreñas no han publicado ninguna lista oficial de los detenidos, denunció Türk.
En respuesta a varias preguntas de periodistas, la portavoz dijo que -en vista de que no se sabe lo ocurrido a esas personas y con las violaciones de los derechos humanos que se teme pueden estar ocurriendo en el centro de detención salvadoreño al que son enviados los deportados- se justifican la inquietud de que pueda tratarse de desapariciones forzadas, de acuerdo a lo que estipula el derecho humanitario internacional.
Por el momento no hay una versión oficial del gobierno de El Salvador sobre la solicitud de la ONU.
El presidente Nayib Bukele propuso en abril pasado a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, repatriar a 252 venezolanos deportados desde EEUU y recluidos en la cárcel de máxima seguridad del CECOT a cambio de la libertad de la misma cantidad de “presos políticos” por parte del gobierno venezolano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó en marzo una ley de 1798 para enviar a presuntos pandilleros venezolanos del Tren de Aragua a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
El republicano recurrió a esta ley del siglo XVIII, que solo se usó hasta ahora durante la Guerra de 1812 y las dos guerras mundiales, después de declarar en febrero organizaciones «terroristas globales» a seis cárteles mexicanos, el Tren de Aragua y la pandilla MS-13.
Un juez federal de Texas consideró a inicios de mayo «ilegal» el uso que Donald Trump hace de la Ley de enemigos extranjeros de 1798 para deportar a inmigrantes.
La Corte Suprema y varios tribunales de distrito han paralizado temporalmente las expulsiones en virtud de esta ley alegando falta de garantías procesales.
