El Congreso de Perú analiza un proyecto de ley que pretende “exportar delincuentes peruanos” a la Megárcel de El Salvador mediante un trato similar al suscrito entre el presidente Donald Trump y el salvadoreño Nayib Bukele.
El Congreso peruano recibió una solicitud formal para “enviar a los reos de alta peligrosidad a las cárceles de El Salvador a fin de preservar la seguridad en los centros penitenciarios”.
El periódico Gestión informó que la congresista Katy Ugarte, de la bancada del Bloque Magisterial (BM), presentó la propuesta PL 11072/2024-CR en la que pide que los presos que representan una amenaza grave sean trasladados de una cárcel peruana a una en El Salvador, siempre y cuando, se establezca un convenio entre ambos países.
Según Ugarte, el traslado de los reos “ayudaría a reducir la sobrepoblación” en los penales y mejora las condiciones de vida en las mismas. Además, se protege y da bienestar a los ciudadanos ya que se garantiza “un entorno tranquilo y seguro para vivir”.
El proyecto se refiere a reos de alta peligrosidad que hayan sido sentenciados por los delitos de sicariato, extorsión y homicidio.
Para esto se pretende que El Salvador y el Perú celebren un convenio entre los gobiernos del a fin de combatir la inseguridad ciudadana.
De prosperar la iniciativa, Perú mantendrá la jurisdicción exclusiva sobre la condena y cualquier procedimiento que disponga la revisión de las sentencias de dichos presos, sumado a que mantendrá la facultad de dar el indulto, amnistía o conmutación de la pena.
En tanto, El Salvador tendría que recibir las decisiones de la justicia peruana y adoptar “con prontitud” las medidas correspondientes.
Los opositores a la medida dicen que esta tiene un objetivo absurdo como desesperado que refleja la incompetencia del gobierno de Dina Boluarte para controlar la delincuencia en el Perú, por ello se pretende exportar presos.
En la primera semana de mayo, las principales autoridades de seguridad de Ecuador visitaron la megaprisión salvadoreña de máxima seguridad para pandilleros en busca de replicarla en su país, azotado por la violencia del narcotráfico, informó el gobierno de El Salvador.
Considerado el penal más grande de Latinoamérica, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), están recluidos unos 15.000 presuntos pandilleros salvadoreños y, desde marzo pasado, unos 250 venezolanos que Estados Unidos deportó y acusó de criminales, sin presentar pruebas.
