La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe anual, bajo la supervisión institucional de la OEA, y al hablar de Venezuela, dejó en claro que el régimen de Nicolás Maduro lleva adelante «prácticas de terrorismo de Estado» y se caracteriza por un sistema en el que la «corrupción» es protagonista.
«La represión del Estado incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas, especialmente, a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes», afirmó la entidad.
Y precisó: «Entre las violaciones documentadas están: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, cancelación de pasaportes, muertes violentas, y un sinfín de violaciones a las garantías judiciales y a la libertad de expresión».
ELECCIONES PRESIDENCIALES: «TERRORISMO DE ESTADO» Y «CORRUPCIÓN A GRAN ESCALA»
El estudio también se centró en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y al respecto sostuvo que «antes, durante y después de la elección presidencial del 28 de julio (de 2024),el régimen implementó una estrategia represiva coordinada, con tres etapas, para perpetuarse ilegítimamente en el poder».
Y detalló: «En el marco de esta estrategia, se ejecutaron prácticas de terrorismo de Estado que tuvieron como propósito impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente, y sembrar terror en la ciudadanía».
Luego afirmó que «la crisis política y derechos humanos en Venezuela es el resultado de la cooptación total de las instituciones estatales por parte de un régimen que busca sobre todo mantenerse ilegítimamente en el poder»
Y agregó que «el control de las instituciones diseñadas para promover y proteger los derechos humanos y la democracia, junto con la corrupción a gran escala para el recaudo de rentas lícitas e ilícitas, han sido fundamentales para garantizar el actuar impune de las fuerzas de seguridad».
Ante este panorama, recordó: «En el periodo preelectoral, el gobierno no sólo utilizó la maquinaria del Estado para favorecer la campaña de Nicolás Maduro, sino también para obstaculizar e impedir la participación política de la oposición».
E hizo hincapié en que «el gobierno venezolano intensificó la represión contra personas de la oposición o percibidas como tales, utilizando fuerzas de seguridad para silenciar voces críticas y neutralizar campañas electorales».
Por lo tanto, «las acciones evidencian un patrón de persecución contra Vente Venezuela, el comando de campaña de María Corina Machado, quien apoyó al candidato Edmundo González Urrutia»
Al mencionar a los responsables, el organismo puntualizó: «Los principales perpetradores fueron el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), a través de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET)».
«Las acciones del gobierno buscaron silenciar voces críticas, desmantelar la oposición organizada y mantener un control absoluto sobre el panorama político y social», aseguró
Y en conclusión, el Panel de las Naciones Unidas determinó que «el proceso de gestión de resultados del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles y no siguió las disposiciones legales y reglamentarias nacionales y no se cumplieron todos los plazos estipulados».
Y remarcó que «en la experiencia del Panel, el anuncio de un resultado electoral sin la publicación de sus detalles o la entrega de los resultados tabulados a los candidatos no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas».
CUÁLES FUERON LAS PRÁCTICAS DE TERRORISMO DE ESTADO EFECTUADOS POR MADURO
El organismo aseveró que «las serias denuncias de irregularidades y fraude electoral motivaron cerca de 300 protestas masivas y espontáneas en todo el país que movilizaron distintos sectores sociales, en particular, de barrios populares“.
Y subrayó que «en respuesta, el régimen puso en marcha prácticas de terrorismo de Estado para infundir terror en la población, aplacar las protestas y silenciar la ciudadanía inconforme»
«Entre los principales perpetradores están las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados no estatales afines al oficialismo, conocidos como ‘colectivos’», indicó.
La CIDH resaltó que «una característica distintiva de este pico represivo es que las más altas autoridades del régimen y las fuerzas de seguridad contribuyeron a alimentar el clima de terror con sus declaraciones y publicaciones en redes sociales».
Y a modo de ejemplo, señaló que «el 17 de julio de 2024, durante un acto proselitista, Nicolás Maduro advirtió sobre un ‘baño de sangre y una guerra civil en el país’ en caso de que la oposición lograra una victoria electoral».
Después. «el 5 de agosto de 2024, también en un acto público, el presidente Nicolás Maduro hizo referencia a la ‘Operación Tun Tun’, cuyo nombre alude a los golpes a las puertas de las residencias de personas sospechosas de haber participado en las protestas, por parte de fuerzas de seguridad, para su ubicación y detención».
La institución, precisó que «según información pública, 10 de las muertes serían atribuibles a fuerzas estatales.»
Y agregó que «de estas, ocho a fuerzas militares y dos a la policía. Seis de las muertes serían atribuibles a los ‘colectivos’, que actúan con el consentimiento, tolerancia o aquiescencia del Estado».
Sobre las causas de la muerte, indicó que «la información documental y testimonial permite concluir que todas las víctimas murieron por arma de fuego»
Y detalló: «Siete con disparos en el cuello, cinco en tórax, cuatro en la cabeza, tres en la espalda, dos en el abdomen, y tres en otras partes del cuerpo».
LA PERSECUCIÓN A LA PRENSA
En relación a los ataques al periodismo, la entidad señaló que «en 2024, se documentó la activación de procesos judiciales y sanciones penales contra periodistas en Venezuela, especialmente en el contexto electoral»
Y marcó que «las detenciones y procesos penales se realizarían bajo la ‘Ley Contra el Odio’, sin garantías judiciales y con severas restricciones al derecho de defensa»
¿Cuáles son los cargos? «terrorismo, incitación al odio,instigación pública, asociación ilícita, alteración del orden público y obstrucción de la vía pública, con alegaciones de manipulación de pruebas por parte de las autoridades».
También especificó que «las principales agresiones contra la prensa incluyeron: allanamientos, cierres de medios, confiscación de equipos, cancelación de pasaportes, deportación de periodistas internacionales, despidos injustificados, amenazas y censura».
Todas estas acciones, aseveró generaron «un clima de temor entre las y los profesionales de la comunicación, quienes se han visto obligados a restringir su actividad informativa».
En este punto, enfatizó que «en particular, en el 2024 se observó un patrón preocupante en la detención y expulsión de corresponsales internacionales en Venezuela, así como la prohibición de su entrada al país».
LAS DETENCIONES
Por lo tanto, «la situación de las personas privadas de libertad en Venezuela sigue caracterizada por ausencia de estadísticas oficiales actualizadas, dualidad de sistemas penitenciarios,hacinamiento, elevado uso de la prisión preventiva, corrupción, autogobierno en las unidades, deplorables condiciones de detención, y malos tratos».
Y recalcó que «en especial, el Estado continua sin producir o publicar datos oficiales sobre la población privada de la libertad en el país y la existencia de una dualidad de sistemas penitenciarios».
Para ejemplificar lo que sucede, compartió que «un oficial que, según Sociedad Civil, a septiembre de 2024, alojaba a aproximadamente 30.000 personas en los centros de reclusión a cargo del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario; y otro paralelo, compuesto de aproximadamente 500 espacios de detención preventiva que, a la misma fecha, albergarían a 28.000 personas».
