La administración Trump reveló que está dando a los inmigrantes ilegales 12 horas para anunciar su intención de presentar una petición contra la deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA).
En un documento revelado el jueves, un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) dijo que revelar el plazo, que comienza a correr una vez que se le notifica al deportado, “podría correr el riesgo de eludir la ley”.
El plazo para que los inmigrantes busquen evitar una deportación rápida sin una audiencia judicial se produce en medio de múltiples desafíos legales a la invocación por parte del presidente Donald Trump de la ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para permitir deportaciones masivas, incluido este caso particular en Texas, presentado por ciudadanos venezolanos que luchan contra la deportación.

El documento fue escrito por Carlos D. Cisneros, subdirector de la oficina de campo del ICE en Harlingen, Texas. Cisneros indicó haber examinado la documentación sobre la AEA para presentar su declaración ante el tribunal en el caso JAV contra Trump, el caso más reciente que busca evitar el envío de personas a la prisión CECOT de El Salvador.
Cisneros explicó qué sucede cuando a un inmigrante indocumentado —denominado extranjero en los documentos judiciales— se le emite el Formulario AEA-21B, también incluido en el expediente judicial. El formulario, en inglés, explica el motivo de la deportación: su pertenencia a la pandilla venezolana Tren de Aragua.
Cuando se entrega ese aviso y se lee en voz alta en el idioma del inmigrante, se le da la oportunidad de hacer una llamada telefónica, dijo Cisneros.
“Si bien puede haber casos excepcionales según los hechos, en un caso general, después de que a un extranjero se le notifica el Formulario AEA 21-B, se le otorga un tiempo razonable, y no menos de 12 horas, incluida la posibilidad de hacer una llamada telefónica, para indicar o expresar su intención de presentar una petición de hábeas corpus”, escribió el funcionario.
“Si el extranjero no manifiesta tal intención, el ICE puede proceder con la deportación, aunque esta podría no concretarse hasta dentro de muchas horas o días, lo que le daría al extranjero tiempo adicional para manifestar su intención”.
Una vez expresada la intención, la petición debe presentarse dentro de las 24 horas, continuó Cisneros; de lo contrario, la destitución puede llevarse a cabo de todos modos. Newsweek entiende que el gobierno redujo el plazo, que anteriormente era de 24 horas para declarar la intención.
El plazo de 12 horas plantea interrogantes sobre si es tiempo suficiente para que un inmigrante que enfrenta una deportación impugne la decisión, tal como lo exige la Corte Suprema de Estados Unidos.
“La notificación debe darse dentro de un tiempo razonable y de tal manera que les permita efectivamente buscar el recurso de hábeas corpus en el lugar apropiado antes de que ocurra dicha remoción”, escribieron los jueces, pero no dieron un plazo específico.
En otro caso de la AEA en Colorado a principios de esta semana, la jueza de distrito estadounidense Charlotte Sweeney dijo que la administración debería dar un aviso de 21 días a los potenciales deportados.
La administración Trump ha argumentado que los agentes federales han trabajado a fondo para determinar si aquellos que ya fueron removidos bajo la AEA, o aquellos que busca remover, son miembros del Tren de Aragua o de otra pandilla, la MS-13.
Las opiniones
Aaron Reichlin-Melnick, miembro sénior del Consejo Americano de Inmigración, en una publicación en X: “Esto es increíble. Demuestra un desafío abierto a la Corte Suprema, que dictaminó que el gobierno DEBE dar a las personas un “tiempo razonable” para poder “realmente solicitar un recurso de hábeas corpus”; para poder demandar REALMENTE, no teóricamente. Doce horas no son suficientes para eso. Punto”.
El juez federal de distrito Fernando Rodríguez Jr., en una orden de restricción temporal del 11 de abril en el caso JAV contra Trump : «El Tribunal considera que es necesario mantener el statu quo para que las partes puedan elaborar un expediente más completo para que el Tribunal considere la solicitud de medida cautelar y otras formas de reparación, tal como se presentó en la petición colectiva de hábeas corpus, y para prevenir el daño inmediato e irreparable que podría producirse con la expulsión inmediata de cualquier extranjero venezolano sujeto a la Proclamación dentro de la jurisdicción de este Tribunal».
¿Qué sigue?
Con múltiples casos judiciales en curso relacionados con el uso de la AEA, la administración Trump tiene que justificar su uso una y otra vez, y es probable que la intervención de la Corte Suprema no haya terminado. Por ahora, algunas deportaciones bajo la ley permanecen suspendidas.