La deportación a El Salvador de migrantes detenidos en Estados Unidos y su encarcelamiento en una megacárcel para pandilleros crea “un agujero negro” sin protecciones legales, alertan defensores de derechos humanos inquietos por la alianza anti-inmigración entre ambos países.
Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Estados Unidos, Donald Trump, consolidaron el lunes en la Casa Blanca una alianza que permite a Washington proseguir el envío a El Salvador de migrantes a los que acusa de ser criminales, sin dar pruebas.
Al menos 265 migrantes, en su gran mayoría venezolanos, fueron deportados por Estados Unidos a El Salvador desde marzo y encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Considerado el penal más grande de Latinoamérica, el Cecot dispone de un severo régimen de reclusión. Alberga a unos 15.000 salvadoreños acusados de pertenecer a violentas pandillas, y ahora también a migrantes venezolanos. Están incomunicados y no pueden recibir visitas.
“Lo que se está tratando de crear aquí es un Guantánamo en esteroides (…) un agujero negro donde no haya protección de la ley para la personas que se encuentren allí, y eso es gravísimo”, advirtió a la AFP el subdirector para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier.
Trump dijo el martes que le “encantaría” incluso enviar a ciudadanos estadounidenses que cometan crímenes violentos a la Cecot. “Los que crecieron y algo salió mal y le pegan a la gente en la cabeza con un bate de béisbol y empujan a la gente en el metro”, dijo según fragmentos de una entrevista que dio a Fox Noticias, un programa en español que saldrá al aire este martes.
HRW entrevistó a 40 familiares de los más de 200 migrantes deportados a El Salvador y concluyó que son blanco de “desaparición forzada y detención arbitraria”.
Principal aliado en América Latina, Bukele fue recibido con honores en la Casa Blanca por colaborar en la política de mano dura de Trump contra los migrantes.
“Tenemos muchas ganas de ayudar”, manifestó Bukele, a lo que Trump le respondió: “Nos están ayudando. Se lo agradecemos”.
“Error administrativo”
El caso más notorio denunciado por activistas es el del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, casado con una estadounidense. Fue arrestado en Estados Unidos el 12 de marzo y expulsado tres días después a El Salvador junto a otras 230 personas.
El gobierno de Trump acusa a Ábrego de de pertenecer a la pandilla MS-13, declarada “organización terrorista” por Washington. Pero no ha aportado pruebas.
Ábrego vivió en Estados Unidos bajo un estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado porque corre peligro en El Salvador.
Washington reconoció ante un tribunal que su expulsión fue un “error administrativo”.
Una jueza estadounidense ordenó que sea regresado a Estados Unidos, pero ambos gobiernos se niegan.
La jueza Paula Xinis programó una nueva audiencia sobre el caso este martes, tras pedir infructuosamente al gobierno que informe sobre “el paradero actual y estatus” de Ábrego, así como qué hace para “facilitar su regreso”.
“Potencialmente indefinida”
Según HRW, la detención de los deportados en la Cecot -la mayoría acusados de ser miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua- “parece ser totalmente arbitraria y potencialmente indefinida”.
La AFP entrevistó en Venezuela a varios familiares de detenidos que aseguran que éstos no cometieron ningún delito que justifique la cárcel.
La venezolana Alexis de Hernández, madre de Andry Hernández Romero, de 31 años, dijo a la AFP que su hijo “está injustamente preso” y que fue detenido “solo por tener unos tatuajes”.
El gobierno estadounidense asegura que los tatuajes demuestran su pertenencia a la pandilla Tren de Aragua, pero expertos señalan que la banda no usa tatuajes para identificar a sus miembros.
“En El Salvador el gobierno llama ‘margen de error’ a la detención de personas inocentes, pero no son errores en absoluto”, afirmó el director de la ONG Cristosal, Noah Bullock, en su cuenta en X.
En las calles de San Salvador algunos critican las deportaciones, pero otros defienden la mano dura de Bukele, muy popular en su país debido a su guerra contra las pandillas.
Washington está enviando migrantes a El Salvador “solo por andar manchados (tatuados)”, lamentó Ricardo Rosales, un transportista de 32 años.
Cuando Estados Unidos se está “alejando” de muchos países, a “El Salvador lo está acercando” y eso va ser de “gran beneficio”, aseguró Manuel Urrutia, ingeniero jubilado de 73 años.
Bukele anunció como un logro de su visita a la Casa Blanca la firma de un convenio para que El Salvador integre el programa Global Entry, que permitirá a los salvadoreños con visa “ingresar rápidamente” a Estados Unidos.
