El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que respetaría la decisión de la Corte Suprema sobre el salvadoreño deportado por error a El Salvador y recluido en la cárcel de máxima seguridad del CECOT.
“Si la Corte Suprema dijera que se traiga de vuelta a alguien, lo haría. Respeto a la Corte Suprema (…) Siento un gran respeto por la Corte Suprema”, declaró a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.
A pesar de ello, la administración Trump rechazó dar a una jueza federal la información que le pidió sobre el migrante salvadoreño deportado por error, Kilmar Ábrego García, porque estima que le impuso un “plazo impracticable”.
La jueza Paula Xinis había exigido que la administración le comunicara por la mañana “el paradero actual y el estatus en el que se encuentra detenido” el salvadoreño y las acciones adoptadas o previstas para “facilitar su regreso”.
Tras una vista judicial de apenas media hora, concluyó que la administración Trump ha incumplido con sus instrucciones e insistió en que le presenten un informe sobre estos puntos “todos los días hasta nuevo aviso” a partir del sábado. También programó una nueva audiencia para el 15 de abril.
El fiscal general adjunto adjunto Drew Ensign y la jueza Xinis dejaron en claro durante la audiencia que no estaban de acuerdo en su interpretación de la orden del tribunal superior.
“Arrogancia y crueldad”
Los abogados del salvadoreño Kilmar Ábrego García expresaron su indignación por la “arrogancia y crueldad” del gobierno, al que acusaron de seguir “retrasando, ofuscándose e ignorando las órdenes judiciales, mientras la vida y la seguridad de un hombre están en peligro”.
“No se tomó ese tiempo para considerar la posibilidad de expulsar a García”, deportado 72 horas a El Salvador después de su arresto, protestaron los juristas.
Casado con una estadounidense, Ábrego García fue arrestado el 12 de marzo por agentes migratorios y expulsado tres días después junto a más de 200 personas a El Salvador.
El gobierno de Trump acusa a la mayoría de ellas de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua, declarada organización “terrorista” por Washington. No aportó pruebas.
El gobierno reconoció más tarde ante un tribunal que la expulsión del salvadoreño se debió a un “error administrativo”.
