La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la prórroga número 37 del régimen de excepción después de tres años de vigencia y más de 85,500 capturas.
La medida fue implementada el 27 marzo de 2022 para “combatir” a las pandillas y se prolongó por “la aún existencia de estructuras terroristas” en el país, según las justificaciones del gobierno.
Los partidos de oposición reiteraron su llamado a conformar una comisión que evalúe la aplicación del régimen y permita regresar a un estado en que los ciudadanos recuperen sus derechos a la defensa, a la inviolabilidad de su correspondencia, y al plazo de la detención administrativa.
La solicitud de la prórroga fue aprobada con los votos de 57 diputados de 60 en el Congreso y estará vigente desde el próximo domingo 6 de abril hasta el 5 de mayo de 2025.
Según el decreto aprobado, la prórroga “permitirá profundizar el trabajo de inteligencia de las autoridades para localizar a sujetos, miembros de estructuras criminales, que se encuentran en otros países, como en Estados Unidos, y que puedan ser deportados”.
Los diputados también aprobaron una reforma legal que permite que las condenas de los casos relacionados con el régimen de excepción no tengan seguimiento por parte de jueces especializados en la vigilancia de penas.
Este régimen ha dejado la captura de más de 85 mil 500 supuestos miembros de pandillas y de supuestas personas ligadas a estas estructuras.
La medida cumplió tres años de su implementación el pasado 27 de marzo, en medio de polémicas por supuestamente violentar derechos humanos.
La implementación de esta medida también se da en el contexto de la expulsión de más de 200 migrantes desde Estados Unidos a El Salvador para ser encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad símbolo de la “guerra” de Bukele contras las maras.