Un juez federal bloqueó temporalmente el lunes la decisión del gobierno de Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos, ofreciendo un indulto de último momento justo una semana antes de que expiraran las protecciones.
El juez federal de distrito Edward Chen, quien preside en San Francisco, emitió la orden judicial a nivel nacional en respuesta a una demanda interpuesta por la Alianza Nacional del TPS y beneficiarios del TPS en todo el país. Su orden protege a unos 350.000 venezolanos que iban a perder su designación de TPS el 7 de abril.
Creado por el Congreso en 1990, el TPS busca proteger a las personas de la deportación si sus países de origen enfrentan desastres naturales, conflictos armados u otras crisis extraordinarias. Los beneficiarios pueden vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos hasta por 18 meses, sujeto a prórrogas.
En enero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revirtió una decisión de último momento del gobierno de Biden de extender el TPS para quienes provengan de Venezuela hasta octubre de 2026, dejando a miles expuestos a una posible deportación cuando sus protecciones caduquen este año.
Chen criticó la decisión de Noem, afirmando que el gobierno no había demostrado ningún “daño compensatorio real al mantener el TPS para los beneficiarios venezolanos”. Añadió que es probable que los demandantes demuestren que las acciones de Noem fueron “ilegales, arbitrarias y caprichosas, y motivadas por una animadversión inconstitucional”.
Noem también anunció planes para cancelar el TPS para otros 250.000 venezolanos en septiembre. El Departamento de Seguridad Nacional aún no se ha pronunciado sobre la decisión.
En el tribunal, los abogados de los beneficiarios del TPS argumentaron que Noem carecía de la autoridad legal para cancelar las protecciones y que su decisión se basaba en prejuicios raciales. “Parece difamar a todo un grupo de 600.000 venezolanos que están aquí con esta imagen”, dijo el juez Chen. “¿No es eso casi la definición de racismo?”
La administración Trump también ha tomado medidas para revocar la libertad condicional humanitaria para más de 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, cuyos permisos de trabajo vencen el 24 de abril.
Las opiniones de los expertos
El juez Chen escribió en su fallo: “Esta acción amenaza con infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de vida se verán gravemente afectados, costar a Estados Unidos miles de millones en actividad económica y perjudicar la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo Estados Unidos”.
La abogada del Departamento de Justicia, Sarah Vuong, defendió a Noem, insistiendo en que sus motivaciones se basaban en preocupaciones de seguridad nacional: “Ella no estaba motivada por prejuicios raciales”.
