Un juez federal le dio otro golpe al Presidente Donald Trump el viernes por la tarde , impidiendo que su administración deporte a cualquier inmigrante ilegal a un país del que no provenga.
La Orden de Restricción Temporal (TRO) se produjo después de que se extendiera otro bloqueo ( sobre las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros ) y otro juez dictaminó que la administración no puede desmantelar la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB).
Los golpes legales representan más obstáculos para las políticas radicales de Trump en materia de inmigración y lo que él considera cambios necesarios para reducir la sobrecarga y la burocracia del gobierno federal. El presidente se siente cada vez más frustrado con el poder de los jueces de distrito para frenar su administración.
En Boston, el juez federal de distrito Brian Murphy dictaminó que los inmigrantes (tanto los demandantes en el caso como todos aquellos con órdenes de expulsión final) no podían ser deportados a un tercer país hasta que se les diera la oportunidad de defender su caso.
La demanda, presentada el domingo por cuatro demandantes de Cuba, Honduras, Ecuador y Guatemala, junto con la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración (NILA), alegó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no implementó un sistema uniforme para notificar a los deportados lo que planea hacer con ellos y darles la oportunidad de solicitar protecciones.
NILA dijo que la demanda también cuestionaba una directiva del 18 de febrero del DHS para acelerar las deportaciones de aquellos previamente liberados de la detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ), lo que, según dijo, ponía a los deportados en riesgo de tortura si eran deportados sin una evaluación adecuada.
La administración Trump también recibió otro golpe cuando se trató de implementar su plan de deportación masiva, con la TRO que bloquea los vuelos de deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros extendida por el juez de distrito estadounidense James Boasberg en DC. Los vuelos ahora están prohibidos hasta al menos el 12 de abril.
En el caso de la CFPB, la jueza de distrito estadounidense Amy Berman Jackson, también en el Distrito de Columbia, emitió un fallo de 112 páginas a favor de quienes cuestionan el objetivo de la administración de desmantelar la oficina por completo.
Jackson amonestó los esfuerzos de la administración para demostrar que no tenía la intención de eliminar la CFPB como una “fantasía de último momento” y que, de hecho, tenía la intención de hacer algo “totalmente en violación de la ley” al cerrar la CFPB.
La mayoría de las operaciones de la oficina se suspendieron en febrero, lo que afectó las protecciones ofrecidas a los consumidores, como la prohibición de ciertas comisiones bancarias. El fallo de Jackson suspende este proceso a la espera de nuevas audiencias sobre los proyectos, la plantilla y los datos de la oficina.
Las opiniones
El juez Murphy, hablando con un abogado del Departamento de Justicia en el tribunal el viernes: “Si su postura hoy es que no tenemos que darles ningún aviso y que podemos enviarlos a cualquier país excepto al que el tribunal de inmigración ha rechazado, es muy sorprendente escuchar al gobierno decir eso”.
La jueza Jackson, en su orden, declaró: «Si el presidente considera que la Ley de Protección Financiera del Consumidor es insatisfactoria, la administración tendrá plena libertad para impulsar su agenda proponiendo legislación que reconfigure la agencia de manera coherente con sus preferencias políticas. Corresponderá entonces al Congreso sopesar las ventajas de cualquier propuesta específica destinada a optimizar la agencia frente a los beneficios de mantener la CFPB, que ha cumplido su misión de devolver miles de millones de dólares a los consumidores sin costo alguno para los contribuyentes desde 2010».
Wendy Liu, abogada de Public Citizen Litigation Group, declaró en un comunicado de prensa: «Desmantelar la CFPB tendría consecuencias devastadoras para los consumidores de todo el país. La orden judicial es un paso crucial para preservar la agencia y bloquear el intento ilegal de la administración Trump de cerrarla».
Es probable que en las próximas semanas haya más batallas judiciales sobre los tres casos, mientras que otros aspectos de los cambios radicales de la política del presidente también enfrentan desafíos legales.
