Decenas de salvadoreños opositores exigieron este domingo en el centro de la capital derogar la ley que reactivó la minería de metales en este país centroamericano, al denunciar su impacto ambiental, especialmente en el agua.
El 23 de diciembre pasado y a pedido del presidente Nayib Bukele, el Congreso -dominado por el oficialismo- aprobó una legislación que reinstauró la extracción metálica, prohibida desde 2017.
“El día de mañana (lunes) vamos a llevar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y presentar más de 150.000 firmas de gente” que también se opone a la minería, dijo a la AFP Amalia Lopez, de la Mesa Nacional Contra la Privatización del Agua, durante la protesta frente a la Biblioteca Nacional.
“Sí a la vida, no a la minería”, “Sin oro se vive, sin agua se muerte” y “Toda mina contamina” eran algunos de los mensajes que los manifestantes escribieron en carteles de cartón.
López explicó que la ley viola la Constitución porque “la minería va en contra de la vida, del derecho humano a la vida, el derecho humano al agua, el derecho humano a un medioambiente sano y el derecho a la alimentación”.
“Todo lo que se perdería, no solo sería el agua, sino que lo que de ella depende. Por ejemplo, ya no podríamos regar los cultivos, ya no podría haber pesca (…). La minería no sirve para nada”, consideró Daniela Ferrufino, miembro del Movimiento Nacional Voces del Futuro.
“Le decimos al presidente (Bukele): ‘Deje de hacer las cosas malas y oiga al pueblo'”, reclamó también el activista Timoteo León.
El martes, la Iglesia católica presentó un total de 150.000 firmas ante el Congreso para que derogue la ley.
Los críticos de la minería temen que con su reactivación se contamine el río Lempa, que atraviesa la zona de potencial minero y abastece de agua al 70% de los habitantes de San Salvador y ciudades aledañas.
Bukele sostiene que, según un estudio cuya autoría no reveló, en el país existen yacimientos de oro valorados en 131.000 millones de dólares, equivalentes “al 380% del PIB”.
