Una firma de abogados contratados por el gobierno de Venezuela presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador un recurso de habeas corpus para lograr la liberación y repatriación de los venezolanos encarcelados tras ser deportados de EEUU.
“La solicitud busca la liberación de todos los venezolanos retenidos y su posterior proceso de repatriación a su país de origen”, explicó el abogado Jaime Ortega.
Indicó que el bufete Grupo Ortega ha sido contratado por el gobierno venezolano en coordinación con el Comité de Familiares de Migrantes y que legalmente representan a 30 venezolanos, cuyos familiares han entregado poderes a los abogados.
“Conforme a todos los documentos que traemos apostillados se considera que las personas que dignamente representamos son ciudadanos migrantes, dentro de ellos hasta un cantante. Son personas que han migrado de su país Venezuela, no tienen ningún antecedente criminal, pero extensivamente nosotros advirtiendo que el hábeas corpus es un acto jurídico que primeros auxilios y que puede cubrir a cada uno de los demás”, dijo Ortega.
#Actualidad l Un bufete de abogados interpuso ante la @CorteSupremaSV un habeas corpus en defensa de ciudadanos venezolanos deportados por Estados Unidos y detenidos en El Salvador.
Representan 30 venezolanos, pero la petición puede ser extensiva para el resto, dijo Jaime… pic.twitter.com/CaargVN1ye— Infodemia (@infodemiasv) March 24, 2025
Más de 200 migrantes venezolanos permanecen detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), tras ser señalados de una presunta vinculación con la banda criminal transnacional Tren de Aragua y enviados al este país por el Gobierno de Donald Trump.
“Conforme a todos los documentos que traemos apostillados se considera que las personas que dignamente representamos son ciudadanos migrantes, dentro de ellos hasta un cantante. Son personas que han migrado de su país Venezuela, no tienen ningún antecedente criminal, pero extensivamente nosotros advirtiendo que el hábeas corpus es un acto jurídico que primeros auxilios y que puede cubrir a cada uno de los demás”, dijo Ortega.
Según su criterio, existe una “vacío legal” en la situación de estas personas, dado que no han sido acusadas o condenadas por ningún delito en territorio salvadoreño.
Los representantes de los venezolanos piden libertad para los 238 deportados o que en su defecto, sean trasladados hacia Venezuela, pues asegura que muchos de ellos estaban tramitando asilo y residencia en Estados Unidos.
Por su parte, el abogado Salvador Ríos, del mismo bufete, aseveró que son “detenciones evidentemente Ilegales” porque los venezolanos no tienen procesos penales en El Salvador, Venezuela ni en Estados Unidos. Los abogados confirmaron que el hábeas corpus fue recibido en la Sala de lo Constitucional.
El director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, Tom Homan, conocido como “el zar de la frontera” dijo este domingo que el avión que transportó a los 238 venezolanos y los 23 miembros la MS-13 deportados a El Salvador “estaba lleno de personas designadas como terroristas”.
“Algunos de ellos han estado bajo custodia por un tiempo y algunos en ese avión fueron deportados bajo el Título 8, lo que significa que un juez de inmigración ordenó su deportación y otros fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros”, afirmó.
La medida se produjo tras la invocación por parte de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 el sábado pasado. La noticia de los vuelos de deportación se conoció después de que el juez federal de distrito James “Jeb” Boasberg ordenara la suspensión temporal de las expulsiones y la devolución de cualquier avión que transportara deportados.
La administración Trump se encuentra actualmente enfrascada en una batalla legal sobre el asunto, en la que Trump se mantiene firme en su autoridad para llevar a cabo las deportaciones y solicita el impeachment de Boasberg.
Estados Unidos y El Salvador llegaron a un acuerdo el mes pasado en el que Estados Unidos pagará 6 millones de dólares para retener a unos 300 pandilleros en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
