La Iglesia católica recopiló las firmas de 150.000 ciudadanos para pedir este martes al Congreso de El Salvador que derogue una ley que reactivó la minería de metales en el país.
El 23 de diciembre de 2024, a pedido del presidente Nayib Bukele, el Congreso dominado por el oficialismo aprobó la ley que reactivó la minería, prohibida desde 2017.
“Venimos a presentar las firmas que se han recolectado (…), son 150.000 firmas. Lo que pedimos es la derogación de la ley de la minería metálica”, dijo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, a periodistas.
Escobar encabezó una delegación de obispos que acudió a la sede legislativa en San Salvador a entregar la solicitud, acompañada con las firmas recolectadas desde el 7 de febrero.
Al grito de “no a la minería, sí a la vida”, medio centenar de activistas de organizaciones sociales acompañó a los obispos al Congreso, que no tiene obligación de debatir ni responder esta petición.
Las firmas “son la voz del pueblo que clama por la derogación de la Ley de Minería, por ser altamente nociva contra la vida humana y contra el medio ambiente”, señala la carta de la Conferencia Episcopal.
Los críticos de la minería temen que con su reactivación se contamine el río Lempa, que atraviesa la zona de potencial minero y abastece de agua al 70% de los habitantes de la capital San Salvador y ciudades aledañas.
Bukele sostiene que, según un estudio cuya autoría no reveló, en el país existen yacimientos de oro valorados en 131.000 millones de dólares, equivalentes “al 380% del PIB”.
