Un tribunal de San Salvador instaló este jueves una audiencia contra un activista de Derechos Humanos y otros líderes comunitarios acusados de diversos delitos, hecho que ha provocado controversia entre diversos sectores.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó durante la audiencia inicial por el caso conocido como “La Floresta”, las acusaciones contra los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz, identificados por diversas organizaciones como voceros principales de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc).
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a 29 personas, de las cuales 25 están presentes y cuatro ausentes por los delitos de agrupaciones ilícitas, usurpación de inmueble, ejercicio ilegal de la profesión, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, limitación ilegal a la circulación.
La acusación establece que están ligados a una supuesta estructura que buscaba apoderarse ilegalmente de terrenos privados en San Juan Opico, La Libertad.
A la audiencia asistió Óscar Góchez, que se identificó como uno de los propietarios de los terrenos desde 1992 y que ahora han sido ocupados por los imputados. “Empezaron a vender parcelas de las que yo tengo conocimiento empezaron a venderlas”, dijo Góchez.
Sin embargo, la defensa de Zavala asegura que no existen pruebas sobre la participación del vocero de Unidehc en la supuesta venta ilegal de los terrenos.
En tanto, entidades como la organización Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) demandó este miércoles a las autoridades de El Salvador garantizar la “integridad física” del activista de Derechos Humanos Fidel Zavala.
De acuerdo con organizaciones humanitarias salvadoreñas y de Estados Unidos, Zavala “estuvo detenido por trece meses antes de ser declarado inocente en marzo de 2023” y “fue testigo de una serie de abusos, torturas y actos de corrupción cometidos en el sistema penitenciario salvadoreño”, en el marco de la implementación de un régimen de excepción para “combatir” a las pandillas.
El 10 de marzo, un grupo de 171 organizaciones de más de una veintena de países pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita medidas cautelares de protección para Zavala.
