«No tenemos dinero»: 65 migrantes deportados desde Estados Unidos en febrero, mayoritariamente asiáticos, buscan afanosamente en la capital de Panamá un país que les acoja en tres meses.
Forman parte de un grupo de 112 migrantes, de los 299 enviados a Panamá por el gobierno de Donald Trump, autorizados para salir temporalmente del albergue donde estaban recluidos desde hace dos semanas en la provincia selvática de Darién, fronteriza con Colombia.
Tras un trayecto de cinco horas en autobús, estas personas quedaron a su suerte tras llegar al terminal de buses de Albrook en la capital, el sábado en la noche.
Solo a un puñado de migrantes con hijos Unicef les consiguió un hotel en la Ciudad de Panamá por una semana, según contaron a periodistas.
El resto debe procurarse hospedaje y alimentos en la capital panameña, aunque muchos no tienen dinero. Mientras tanto, deben hacer las gestiones para conseguir un país que los reciba.
«No tenemos dinero», dice en inglés el afgano Hayatullah Omagh en la terminal, próxima a una antigua base aérea estadounidense en la desaparecida Zona del Canal.
«Le pregunté a la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), la OIM me dijo ‘no sabemos, tú vas a la Ciudad de Panamá y después de eso tú eres responsable de ti mismo’», agrega.
Un iraní de 33 años, que viaja con dos niños, muestra un billete estadounidense y afirma a los periodistas: «No tengo dinero, solo un dólar».
Hasta el año pasado, miles de migrantes cruzaban la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá en su marcha hacia el norte. Pero ahora, con la política de deportaciones del Trump, la mayoría de los migrantes en Panamá y otras naciones centroamericanas hacen el recorrido inverso hacia Sudamérica.
«Si no se van, serán expulsados»
El viernes el gobierno de Panamá anunció un permiso de 30 días, que puede ser prorrogado a un máximo de 90 días, para que los 112 migrantes puedan salir del albergue de San Vicente a gestionar visas a otros países.
El permiso fue anunciado tras críticas de organizaciones de derechos humanos, que afirmaron que San Vicente y el refugio de migrantes Catem en Costa Rica eran «centros de detención», más que albergues.
«El compromiso es el retorno voluntario bajo su propio recurso a su país de origen o a un tercer país que los quiera recibir», explicó el ministro de Seguridad, Frank Ábrego.
Sin embargo, Ábrego advirtió que «si en 90 días ellos no han abandonado el país, serán expulsados o deportados».
Ellos son 24 migrantes de Irán, 21 de Camerún, 12 de China, 10 de Nepal, 9 de Afganistán, 7 de Vietnam, 6 de Etiopía, 6 de Uzbekistán, 5 de Nigeria, 2 de Eritrea, 2 de Pakistán, 2 de Somalia, 2 de Ghana, 2 de Rusia, 1 de Angola y 1 de Sri Lanka.
Al llegar desde Estados Unidos, fueron instalados unos días en un hotel de la capital panameña, donde algunos mostraron letreros en las ventanas pidiendo ayuda y advirtiendo que corrían riesgo de ser devueltos a sus países de origen.
Temor a castigo en Irán
«No tengo información sobre donde debería esperar o dormir, porque de repente todos llegamos aquí [a la capital panameña], sin dinero, sin información, así que la situación es realmente mala», dice la iraní Artemis Ghasemzadeh.
Esta conversa al cristianismo huyó de Irán, pero se topó con la política de deportaciones del gobierno de Trump. Su caso fue informado en febrero por el diario estadounidense The New York Times.
Los periodistas le preguntan por qué no quiere regresar a Irán y Ghasemzadeh responde: «Por mi religión y también porque tengo problemas con el hiyab [velo islámico]», agregando que cambiar de religión es castigado en su país.
Una iraní de 18 años que se identificó solo como Hanna dice que no pretende pedir asilo en Panamá, porque «no es el lugar adecuado para mí».
«Tengo que hablar con mi abogado [en Estados Unidos] porque él tomó la decisión de hacer esto, pero creo que la ONU está con nosotros y la OIM está con nosotros», agrega.
