Un juez federal prohibió el lunes a los agentes de inmigración realizar operaciones de cumplimiento de la ley en lugares de culto asociados con una doctrina religiosa unitaria conocida como los cuáqueros y varios otros grupos religiosos.
El juez de distrito estadounidense Theodore Chang dictaminó que la política de la administración Trump podría infringir las libertades religiosas y debería suspenderse mientras se resuelve una demanda que la impugna.
La orden judicial temporal emitida por el juez con sede en Maryland se aplica únicamente a los demandantes, entre los que se incluyen una red de iglesias bautistas con sede en Georgia y un templo sij en California.
La demanda cuestiona una de las múltiples políticas de inmigración promulgadas por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, apuntando específicamente a la política de la era Biden de que las iglesias, escuelas y otros lugares sensibles eran refugios seguros para inmigrantes sin estatus legal.
Las iglesias en los EEUU desempeñan un papel clave en el apoyo a los migrantes ofreciendo recursos, ayuda y asistencia.
Respecto al plan de deportaciones masivas de Trump, una encuesta de Associated Press-NORC, realizada del 9 al 13 de enero entre 1.147 adultos, encontró que el 83 por ciento de los estadounidenses apoya la deportación de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos y que han sido condenados por un delito violento, mientras que sólo el 6 por ciento se opondría a hacerlo.
Los grupos presentaron una demanda después de que la administración Trump desechara las políticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que limitaban dónde podían ocurrir los arrestos de inmigrantes, mientras Trump busca cumplir sus promesas de campaña de llevar a cabo deportaciones masivas.
El cambio de política dijo que los agentes de campo que usan “sentido común” y “discreción” pueden llevar a cabo operaciones de control de inmigración en lugares de culto sin la aprobación de un supervisor.
Los abogados de los demandantes argumentan que la nueva directiva del DHS se aparta de la política gubernamental, vigente desde hace 30 años, de no realizar operaciones de control de inmigración en “áreas protegidas” o “ubicaciones sensibles”.
Cinco congregaciones cuáqueras de Maryland, Massachusetts, Pensilvania y Virginia demandaron al DHS y a su secretaria, Kristi Noem , el 27 de enero, menos de una semana después de que se anunciara la nueva política.
Muchos inmigrantes tienen miedo de asistir a servicios religiosos mientras el gobierno aplica la nueva norma, dijeron los abogados de las congregaciones en un expediente judicial. Los abogados del gobierno afirman que los demandantes están pidiendo al tribunal que interfiera en las actividades de aplicación de la ley basándose en meras especulaciones.
Más de dos docenas de grupos cristianos y judíos que representan a millones de estadounidenses también presentaron una demanda similar pero separada en el estado de Washington.
Los demandantes en el caso de Maryland están representados por la Democracy Forward Foundation, cuyos abogados pidieron al juez que bloqueara la aplicación de la política por parte del DHS a nivel nacional.
“La nueva política del DHS le da la autoridad de ingresar a cualquier casa de culto en todo el país, sin importar sus creencias religiosas”, escribieron los abogados.
Los abogados del gobierno afirman que las actividades de control de inmigración se han permitido durante décadas en lugares sensibles, incluidos los lugares de culto. El único cambio en la política es que ya no es obligatoria la aprobación de un supervisor, agregaron.
Si bien ha habido una creciente preocupación en torno a las redadas del ICE en lugares sensibles, incluidas las ciudades santuario, los informes de tales incidentes son raros.
La decisión del juez de imponer la medida cautelar sólo se aplica a los demandantes, a pesar de la solicitud de que la administración Trump detenga a nivel nacional la política.
Lo que que dicen los involucrados
El reverendo Dr. Paul Baxley, coordinador ejecutivo de la Cooperative Baptist Fellowship, dijo a Newsweek en una declaración: “La decisión de hoy es una poderosa validación de los valores que han definido a la Cooperative Baptist Fellowship: un firme compromiso con la libertad religiosa, la autonomía de la iglesia local y la clara separación de la iglesia y el estado. Durante décadas, nuestras congregaciones han participado fielmente en el ministerio entre inmigrantes y refugiados, ofreciendo un testimonio audaz y valiente del extraordinario e implacable amor de Cristo”.
Christie Duncan-Tessmer, secretaria general de la demandante, Philadelphia Yearly Meeting, dijo en una declaración a Newsweek : “Nuestro país se fortalece con personas de fe que aman a sus vecinos, sin excepciones. La sentencia de hoy nos permite a algunos de nosotros volver a mantener abiertas las puertas de los lugares de culto a todos los que buscan con seguridad, como garantiza nuestra constitución. Philadelphia Yearly Meeting espera con ansias el siguiente paso para eliminar la barrera del miedo para todas las congregaciones”.
El abogado de los demandantes, Bradley Girard, le dijo al juez que los inmigrantes se estaban quedando en sus casas: “Es un miedo que la gente está experimentando en todo el condado. La gente no se está presentando y los demandantes están sufriendo como resultado”.
La abogada del Departamento de Justicia designada por el ex presidente Barack Obama, Kristina Wolfe, dijo al juez: “Los demandantes no han aportado ninguna prueba que indique que alguna de sus organizaciones religiosas haya sido objeto de ataques”.
Tras la orden judicial inicial, ahora se está trabajando más para entender las ramificaciones más amplias de la política de la administración Trump. La Casa Blanca también enfrenta otros desafíos legales por sus decisiones de limitar las entradas de refugiados y solicitantes de asilo, y revocar las protecciones para los inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos legalmente.
