Organismos de Naciones Unidas y otras entidades defensoras de los derechos humanos criticaron ampliamente el jueves una reforma legal en El Salvador que permite enviar a prisiones de adultos a menores vinculados a pandillas, y alertaron que transgrede convenios internacionales sobre derechos de los niños.
“Las reformas contravienen instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, así como otros instrumentos internacionales”, señalaron cuatro organismos de la ONU, incluida UNICERF, en una declaración conjunta.
Por su parte, el gobierno asegura que la reforma respeta los tratados internacionales.
El Congreso salvadoreño, controlado por diputados afines al presidente Nayib Bukele, modificó el miércoles la Ley Penal Juvenil y estableció que los menores detenidos y condenados por nexos con el crimen organizado, particularmente las pandillas, deben ser enviados a una prisión regular.
La reforma es “un retroceso importante respecto a los compromisos asumidos por El Salvador en cuanto a contar con un sistema de justicia juvenil con enfoque diferenciado, individualizado y especializado, aplicable a todos los adolescentes acusados de delitos”, advirtieron las entidades del organismo mundial.
Desde marzo de 2022, Bukele libra una “guerra” contra las pandillas amparado en un régimen de excepción, bajo el cual más de 83,000 personas acusadas de pertenecer o ser cómplices de esos grupos han sido detenidas. Unos 8,000 fueron liberados por ser inocentes, reconoció Bukele.
En la reforma se estableció que los menores, bajo detención preventiva o condenados, estarán separados “en pabellones” en las cárceles para adultos y al cumplir los 18 años pasarán al “régimen general”.
Las entidades de la ONU advirtieron que el sistema penitenciario salvadoreño “no cuenta con especialización en niñez y adolescencia”.
La declaración está firmada por representantes de las agencias de Naciones Unidas: Comité de los Derechos del Niño (CRC), Fondo para la Infancia (Unicef), Alto Comisionado de los Derechos Humanos (Oacnudh-CA) y el Fondo de Población (Unfpa).
A criterio de esos organismos, “existen abundantes evidencias” de que el internamiento de “adolescentes” en prisiones para adultos “pone en peligro su seguridad básica, su salud, especialmente en lo que respecta a su desarrollo psicológico y emocional”.
En el caso de los adolescentes procesados por delitos comunes continuarán en correccionales juveniles, según la reforma.
Otras críticas locales
En el país también hay críticos de esta medida que la consideran desatinada y hasta violatoria de los derechos individuales.
La agrupación Cristosal, que se define como una organización no gubernamental (ONG) que defiende los derechos humanos y la democracia en Centroamérica, dijo en un comunicado que las “reformas a Ley Penal Juvenil para que adolescentes sean recluidos en centros penales de adultos violan la Constitución”.
La entidad, con sedes en El Salvador, Guatemala y Honduras, cita concretamente el artículo 35 de la ley fundamental de este país y también el artículo 37 de la Convención sobre Derechos del niño.
Estos se refieren a la necesidad de que “los menores deben estar sometidos a un régimen jurídico especial” y a “reglas mínimas” para “la reeducación y la integración social”, respectivamente.
📝#PronunciamientoCristosal: Reformas a Ley Penal Juvenil para que adolescentes sean recluidos en centros penales de adultos violan la Constitución🚨
Conoce nuestra postura frente a la recientes reformas.⬇️#CristosalNoSeDetiene pic.twitter.com/7BHSWqumlE
— Cristosal Centroamérica (@Cristosal) February 13, 2025
Por su parte, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, consideró que las prisiones salvadoreñas “están hacinadas” y “son insalubres”, por lo que no garantizan “su seguridad” y advirtió que se trata de personas capturadas “sin orden judicial.
En tanto, juristas consultados por medios locales también cuestionan la decisión oficial.
Roxana Cardona, penalista que lleva casos de menores procesos por régimen, analizó: “El Estado tendrá una desvinculación económica, social y educativa, porque con los centros de resguardo es el mismo Estado que da alimentos, les facilita educación y que les manda a otros centros. Habrá mayor estigmatización para las que han sido capturadas dentro del régimen porque se quita la obligación del Estado a los menores”.
Asimismo, Cardona indicó a periodistas de La Prensa Gráfica que la aplicación de un régimen penitenciario “no es por función, sino por ministerio de ley”.
Otro penalista, Otto Flores, señaló que hay menores desde los 12 años a los 17 recluidos en centros de atención a menores y que fueron procesados por agrupaciones ilícitas.
“Se está haciendo una diferenciación no en beneficio de la búsqueda de la resocialización del menor, sino en el hecho de buscar un castigo punitivo. Dicen que tendrán un pabellón separado, (pero) habrá problema porque van a querer darle el tratamiento a menores como si fueran adultos, hay menores desde los 12 años a 17 que han sido condenados como parte de agrupaciones ilícitas. Nada garantiza que no van a recibir maltrato como tal”, dijo Flores.
Agregado a esto, grupos de derechos humanos afirman que los presos -incluidos niños- han sido sometidos a tortura. El gobierno asegura que no existe tortura en sus cárceles.
En contraste, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que la reforma respeta los tratados internacionales. “Hemos sido muy respetuosos de nuestra Constitución, de los convenios internacionales, que velan por los menores de edad y también de nuestras leyes secundarias”, dijo el martes pasado.
Villatoro fue categórico en mencionar que el gobierno de El Salvador sí cree en ha rehabilitación y en la readaptación de los delincuentes comunes o menores, pero no creen “en la rehabilitación de terroristas, independientemente de la edad”.
El gobierno de El Salvador no proporciona regularmente información sobre el número de niños encarcelados o en prisión preventiva. En febrero del año pasado dijo que 1.065 niños habían sido condenados durante el estado de excepción.
Según Human Rights Watch, las cifras aumentaron durante el estado de excepción. Más de 3.300 fueron detenidos entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, lo que contrasta con una media anual de 805 niños recluidos en centros de detención de menores entre 2018 y 2021.
