Los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron este viernes una Ley Anticorrupción propuesta por el presidente Nayib Bukele que crea un sistema y un centro anticorrupción que estará a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).
Según el documento aprobado por 59 de los 60 legisladores, su objetivo es “prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública”.
La ley obligará a los funcionarios y empleados públicos a declarar sus activos o bienes que posean, además de sus pasivos, todas sus deudas, al Ministerio de Hacienda.
Esta disposición entrará en vigor a partir de la declaración de renta de 2025. De acuerdo con el presidente del Congreso, Ernesto Castro, aquellos funcionarios que no cumplan con esta obligación podrán ser destituidos de sus cargos.
“Los tres órganos que componen el Estado salvadoreño, desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, aquí no se hace excepción de nadie, las 44 alcaldías, las 87 autónomas, los 17 ministerios, todos, deberán presentar la información que requiere esta ley para determinar si cumplen o no con lo establecido. Y el que no cumpla simple y sencillamente deberá responder ante la justicia”, dijo el diputado William Soriano, del partido oficialista Nuevas Ideas.
La diputada Marcela Villatoro, del partido opositor ARENA, dijo que la ley se aprobó en cumplimiento de un acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un crédito de 1.400 millones de dólares para “reforzar la sostenibilidad fiscal” del país y mitigar “los riesgos relacionados con el bitcóin”.
"La Ley anticorrupción surge a raíz del acuerdo entre el Gobierno y el @FMInoticias por la solicitud de $1,000 millones, con la condición de ser transparentes, entre otros temas. Uno de los delitos agregados a la Ley es el tráfico de influencias". Diputada @Villabull. pic.twitter.com/PZtzoBUshH
— Grupo Parlamentario ARENA (@ARENAfraccion) February 7, 2025
Para la implementación de la ley, se creará el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (SINAC), compuesto por 12 instituciones del Estado, entre ellas la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional Civil, la Corte de Cuentas y el Órgano Judicial.
El SINAC estará encargado de coordinar estrategias para la detección y sanción de actos de corrupción del sistema público.
Sin embargo, la normativa deja fuera a entidades como la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Ética Gubernamental, instancias que históricamente han tenido la tarea de vigilar el patrimonio de los funcionarios públicos. Además, no contempla mecanismos de auditoría ciudadana más allá de la posibilidad de interponer denuncias.
El presidente Nayib Bukele anunció el 29 de enero que, tras acorralar a las pandillas y dar más seguridad al país, envió al Congreso un proyecto de ley para combatir y erradicar la corrupción.
“Este día envié a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley Anticorrupción, un paso decisivo para continuar combatiendo este flagelo en El Salvador”, señaló el mandatario en su cuenta en la red X.
