El secretario de Estado Marco Rubio salió de El Salvador el martes con un acuerdo en la mano del presidente de ese país para aceptar deportados de Estados Unidos de cualquier nacionalidad, incluso ciudadanos estadounidenses, ofreciendo retenerlos en la enorme instalación de máxima seguridad del país conocida como CECOT, o Centro de Confinamiento del Terrorismo.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, “ha acordado el acuerdo migratorio más inédito, más extraordinario, más extraordinario en cualquier parte del mundo”, dijo Rubio después de reunirse con Bukele en su casa de campo junto al lago en las afueras de San Salvador durante varias horas el lunes por la noche.
“Ningún país ha hecho jamás una oferta de amistad como ésta”, añadió.
El Salvador, hasta hace poco uno de los países más peligrosos del mundo, cerró el año pasado con un mínimo histórico de 114 homicidios, una nueva seguridad que ha impulsado la creciente popularidad de Bukele en el pequeño país centroamericano de unos seis millones de habitantes.
Esta es una gráfica interactiva que refleja el crecimiento de la población reclusa en El Salvador durante los últimos años:
Sin dejarse intimidar por las críticas internacionales, Bukele ha presentado sus políticas contra la delincuencia como un modelo para otras naciones que luchan contra la violencia de las pandillas. El Salvador se encuentra en estado de emergencia desde marzo de 2022, tras una ola de violencia letal protagonizada por poderosas pandillas callejeras.
En respuesta, Bukele suspendió derechos fundamentales, incluido el acceso a asistencia jurídica, y las autoridades han arrestado a más de 83.000 personas con poco o ningún debido proceso, según organizaciones de derechos humanos.
La prisión CECOT ha sido central en la agresiva ofensiva de Bukele contra la violencia de las pandillas desde que asumió el cargo en 2019. La prisión, diseñada para albergar hasta 40.000 reclusos, muchos de los cuales son asesinos en masa, narcotraficantes y miembros de pandillas notorias como MS-13 y Barrio 18, se ha convertido en un símbolo del enfoque de línea dura de Bukele.
“Estamos dispuestos a recibir en nuestra mega prisión solo a criminales convictos (incluidos ciudadanos estadounidenses convictos) a cambio de una tarifa”, confirmó Bukele en las redes sociales.
Señaló que, si bien el costo para Estados Unidos sería mínimo, los ingresos reforzarían significativamente el sistema penitenciario de El Salvador, haciéndolo financieramente autosostenible.
Ubicado en Tecoluca, a una hora en auto desde San Salvador, el extenso complejo abrió en enero de 2023 y se construyó en solo siete meses.
El diseño y las operaciones de la prisión reflejan una filosofía inflexible hacia el encarcelamiento, con reclusos confinados en jaulas grandes y sin ventanas con un mobiliario mínimo: solo literas de metal escalonadas, un inodoro abierto y un lavabo de cemento.
Se prohíbe llevar objetos personales, libros o incluso cartas de familiares. Los presos pasan 23,5 horas al día encerrados en sus celdas, con un breve intervalo diario de 30 minutos para hacer ejercicio o realizar actividades religiosas en un pasillo central. Las comidas son básicas, compuestas principalmente de frijoles, arroz y plátanos, y no se sirve carne.
La seguridad en CECOT está diseñada para que no se pueda escapar del complejo. La instalación está rodeada de vallas electrificadas, 19 torres de vigilancia y patrullada por 1.000 guardias armados, policías y soldados. En el interior, guardias armados mantienen una vigilancia constante y las luces permanecen encendidas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
El aislamiento se utiliza como castigo para los reclusos que cometen delitos dentro de la prisión, con celdas de aislamiento diseñadas para estar completamente a oscuras, salvo por un pequeño haz de luz que sale de un agujero en el techo.
Preocupaciones sobre derechos humanos
A pesar de los éxitos de Bukele en el control de la delincuencia, Amnistía Internacional ha condenado lo que llama la “reemplazo gradual de la violencia de las pandillas por la violencia estatal” en El Salvador.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha pedido el fin del estado de emergencia que dura más de dos años y que ha suspendido los derechos civiles fundamentales mientras el gobierno ataca a las poderosas pandillas callejeras del país.
La comisión citó como principales preocupaciones las detenciones arbitrarias, la falta de pruebas contra los detenidos, las audiencias masivas y el acceso limitado a abogados defensores. Otras organizaciones humanitarias han destacado el creciente número de muertes entre sospechosos detenidos en prisión en espera de juicio.
Bukele, por su parte, ha rechazado estas críticas y ha atribuido su popularidad y reelección en febrero pasado con más del 84 por ciento de los votos a su política de mano dura contra la delincuencia. Ha defendido el estado de excepción vigente, afirmando que, si bien los avances en materia de seguridad podrían mantenerse sin él, era necesario detener a más pandilleros para evitar que se reagrupen.
¿Pueden los ciudadanos estadounidenses ser encarcelados en el extranjero?
El precedente actual de encarcelamiento de ciudadanos estadounidenses en el extranjero se basa en si han cometido delitos en el extranjero o si son objeto de solicitudes de extradición.
El Departamento de Estado de EE. UU. les dice a los estadounidenses: “Comprendan que están sujetos a las leyes y regulaciones locales mientras visitan o viven en el país: respétenlas”.
“Una de las principales prioridades del Departamento de Estado y de las embajadas y consulados de Estados Unidos en el extranjero es brindar asistencia a los ciudadanos estadounidenses encarcelados en el extranjero”, afirma el departamento en su sitio web, donde enumera los servicios que brinda a los ciudadanos estadounidenses detenidos.
Estos incluyen visitar a los detenidos regularmente, proporcionar una lista de abogados locales que hablen inglés, comunicarse con los amigos y familiares de la persona detenida y brindar una descripción general del sistema de justicia penal local.
Si los estadounidenses fueran transferidos por la fuerza a cárceles extranjeras, probablemente se desencadenaría un importante desafío constitucional, que podría incluir el uso de la base de la Decimocuarta Enmienda, que impide a los estados realizar transferencias arbitrarias o injustas, y la Sexta Enmienda, que codifica el derecho a un abogado y al acceso a los tribunales.
Al abordar la reciente propuesta de El Salvador, Marco Rubio señaló que “hay aspectos legales involucrados: tenemos una Constitución, todo tipo de cosas”.
Lo que dicen los involucrados
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una conferencia de prensa en San Salvador: “Cualquier inmigrante ilegal, inmigrante ilegal en los Estados Unidos que sea un criminal peligroso – MS-13, Tren de Aragua , lo que sea – ha ofrecido sus cárceles para que podamos enviarlos aquí y él los pondrá en sus cárceles”.
El Salvador ya había firmado un acuerdo similar en 2019 para recibir a ciudadanos no salvadoreños detenidos en Estados Unidos, pero nunca se implementó debido a la pandemia de COVID-19. El lunes, Bukele hizo referencia a ese acuerdo y afirmó que su nueva propuesta es “más importante y de un alcance mucho más amplio que los acuerdos alcanzados en 2019”.
El secretario Rubio describió la oferta de Bukele como “una oferta increíble y sin precedentes”, y señaló que si bien es una propuesta generosa para subcontratar la detención de algunos de los criminales más peligrosos a un costo menor, aún requiere una revisión legal por parte de la administración.
