El presidente de los EEUU, Donald Trump, enfrenta una demanda interpuesta por dos mujeres salvadoreñas y una hondureña en estado de embarazo, quienes argumentan violación de derechos.
Las mujeres no son ciudadanas ni residentes permanentes legales, según la demanda, pero alegan que la orden ejecutiva de Trump que pretende prohibir la ciudadanía por derecho de nacimiento viola sus derechos.
Ellas están representadas por la organización Northwest Immigrant Rights Project, quien presentó el escrito ante el Tribunal de Distrito del Distrito Occidental del estado de Washington, en nombre de Alicia Chavarría López, Cherly Norales Castillo y Delmy Franco Alemán.Argumentan, además, que la acción es en nombre de todas las personas que enfrentan una situación similar en Washington.
Delmy Franco Alemán, es una salvadoreña que vive en Lynnwood y su fecha de parto está programada para el 26 de marzo. Ha vivido en los Estados Unidos desde 2015 y el gobierno le ha concedido “suspensión de deportación”.
Cherly Norales Castillo, es de Honduras y vive en Seattle. Está en proceso de deportación y presentó una solicitud de asilo. Su fecha de parto es el 19 de marzo.
Alicia Chavarría López, en salvadoreña y vive en Bothell con fecha de parto para el 21 de julio. Ella también asegura que ha presentado una solicitud de asilo.
Estas mujeres y otras incluidas en la demanda colectiva temen que sus niños podrían quedar “apátridas” bajo la orden ejecutiva, puesto que no serían reconocidos como ciudadanos en los Estados Unidos o en los países de origen de sus padres.
El escrito presentado ante el Tribunal de Distrito del Distrito Occidental del estado de Washington, al noroeste de Estados Unidos, explica que algunos países, incluido Venezuela, no ofrecen servicios consulares para verificar la ciudadanía en los Estados Unidos.
La demanda nombra también al Secretario de Estado Marco Rubio, al Departamento de Estado, al Fiscal General en funciones James McHenry, al Departamento de Seguridad Nacional, a la Administración de la Seguridad Social, al Departamento de Agricultura y a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.
La orden ejecutiva de Trump busca limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento a las personas que tienen al menos un padre que sea ciudadano estadounidense o residente permanente. También establece que a los nacidos de padres que están en el país legalmente pero temporalmente ya no se les garantizará automáticamente la ciudadanía.
“La ciudadanía es el marcador fundamental de pertenencia a este país”, afirma la demanda, citada por el diario Seattle Times.
“De hecho, sin ciudadanía, los bebés que pronto nacerán en este país a los que el presidente Trump busca unilateral e inconstitucionalmente despojar de la ciudadanía se quedarán sin ningún estatus de inmigración legal”, detalla el escrito.
Los niños nacidos de estas mujeres pueden no tener el mismo acceso a la educación, la autorización de trabajo y otros beneficios de la ciudadanía, argumenta la demanda. Pide al tribunal que detenga a la administración y declare que la orden viola la Enmienda 14.
La orden de Trump argumenta que la 14a Enmienda “siempre ha” excluido a las personas cuyos padres están en el país ilegalmente porque no están “sujetos a la jurisdicción” de los Estados Unidos.
Sin embargo, la orden ejecutiva está por el momento detenida por órden judicial. El presidente estadounidense Donald Trump recibió su primer revés en su nuevo mandato. Un juez federal bloqueó temporalmente la orden ejecutiva que ponía fin a la ciudadanía automática para todos los bebés que nacen en Estados Unidos, uno de sus primeros ataques contra la inmigración.
Ningún funcionario del gobierno de El Salvador se ha pronunciado en torno a este u otros casos que involucran a salvadoreños.
Una alta funcionaria del gobierno de El Salvador dijo este viernes que sus connacionales residentes en Estados Unidos pagan anualmente miles de millones en impuestos al gobierno de aquel país, esfuerzo que debe ser reconocido por la administración de Donad Trump.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, aseguró en su cuenta de la red social X que el gobierno “aboga por medidas que reconozcan el esfuerzo de nuestra diáspora en EEUU, quienes aportan aproximadamente USD$2 billones al año en impuestos, destacándose como trabajadores honestos y cumplidores de la ley”.
