Los migrantes “criminales ya no podrán esconderse en los colegios y las iglesias” de Estados Unidos para “evitar ser detenidos”, declaró este martes un portavoz del Departamento de Seguridad Interior (DHS).
El gobierno del presidente Donald Trump “no atará las manos de nuestras valientes fuerzas del orden, y en su lugar confía en que utilicen el sentido común”, añade en un comunicado sin dar su nombre.
Horas después de jurar el cargo el republicano firmó el lunes una batería de medidas contra la inmigración ilegal para poner fin a lo que considera una “invasión”.
Una de ellas elimina el programa humanitario (parole) que otorga permiso temporal a migrantes para permanecer en Estados Unidos.
Alegando motivos humanitarios, el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden permitió que migrantes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela solicitaran la entrada en Estados Unidos por un periodo de dos años, si tenían un patrocinador en el país y pasaban una verificación de seguridad.
La administración demócrata “abusó del programa” de autorización condicional humanitaria “para permitir indiscriminadamente la entrada en nuestro país de 1,5 millones de migrantes”, se queja el portavoz del DHS.
A partir de ahora el programa volverá “a su propósito original de examinar a los migrantes caso por caso”, añade.
Entre las medidas tomadas por Trump también figura la anulación de la posibilidad para los migrantes de obtener legalmente una cita a través de una aplicación de teléfono móvil (CBP One) para llegar a un puerto de entrada.
Busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento, pero recibe demanda
Una coalición de estados de tendencia demócrata anunció este martes una demanda para bloquear la orden del presidente Donald Trump, que busca poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
La acción judicial presentada por 18 estados, entre ellos California o Nueva York, llega tan solo un día después del regreso al poder de Trump, que ha estado marcado por la promulgación de una salva de órdenes ejecutivas con las que el republicano busca redefinir la política migratoria del país.
Destacó particularmente una medida destinada a eliminar el denominado derecho de suelo, que amparado en la 14ª Enmienda de la Constitución, garantiza la ciudadanía estadounidense a toda persona que nazca en territorio nacional.
De aplicarse, la orden impediría la emisión de pasaportes, certificados de nacimiento u otros documentos a los niños cuyas madres están en el país de forma ilegal o temporal y cuyo padre no sea un ciudadano estadounidense.
“La orden ejecutiva del presidente que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento es flagrantemente inconstitucional y sinceramente, antiestadounidense”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, al anunciar la demanda.
“Le estamos pidiendo a un tribunal que bloquee de forma inmediata esta orden para que no entre en vigencia y que garantice los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos e impactados por esta orden mientras dura el litigio”, sostuvo. En opinión de Bonta, Trump “se ha extralimitado mucho en su autoridad con esta orden”. “Y lo haremos responsable”, dijo.
La demanda, presentada en un tribunal federal de Massachusetts, se suma a una querella similar contra la medida interpuesta la víspera por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense fue adoptada en la segunda mitad de los años 1800 como resultado de la Guerra Civil, en un esfuerzo de garantizar los derechos de los antiguos esclavos y sus hijos. “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”, reza.
