Un motín carcelario habría dejado al menos tres reclusos muertos y unos 15 heridos en El Salvador, hecho por el que tres organizaciones de derechos humanos presentaron este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) un escrito para exigir una investigación del Estado.
El escrito fue presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la Unidad de Defensa de Derechos Comunitarios de El Salvador (Unidech) en conjunto con el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular.
El pasado 8 de enero, circuló en redes sociales la noticia de que al menos 15 privados de libertad fueron lesionados en un presunto amotinamiento al interior del centro penal de Izalco.
Un vocero de la organización reclamó “información exacta sobre lo sucedido” y dijo que las autoridades deberían de ser los encargados de brindar ordenar una investigación para determinar la razón de los sucesos.
Informó que el escrito presentado este martes contiene la firma de más de 20 personas que solicitan información de sus parientes recluidos en dicho penal y saber si fueron víctimas de los hechos.
“En este escrito viene documentado 25 casos donde vienen las firmas de las madres, de las representantes de cada uno de estos casos de los procesados. Con estas 25 firmas lo que estamos haciendo es pedirle al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, que bajo esa competencia que la Fiscalía tiene, esos hechos notorios ya los vimos…puede investigar de oficio sin estar esperando un aviso penal”, declaró el abogado de Unidehc, Rudy Joya.
Una abogada de la organización Unidehc, Ivania Cruz, dijo que el lunes presentaron ante el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador un escrito para que se ordene a Centros Penales y Medicina Legal que brinden información sobre el reo Erick Mauricio Umanzor Sánchez, quien presuntamente murió en el motín.
Explicó que la familia recibió llamada que una persona que se identificó como un empleado de una funeraria de Sonsonate para informarles que Umanzor era una de las personas fallecidas, y presumen que fue una de las personas muertas que sacaron el 8 de enero pasado, por los disturbios sucedidos.
Hasta el momento, la Dirección General de Centros Penales y el ministerio de Justicia han guardado silencio sobre lo sucedido.
La cifra de fallecidos en custodia de las autoridades de seguridad de El Salvador, en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, superó las 301 y la mayoría se habrían dado de forma violenta, según dijo En junio pasado Ingrid Escobar, directora de la organización civil Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
