La Asamblea Legislativa de El Salvador reeligió este lunes para un segundo periodo de tres años al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, a pesar de los cuestionamientos de la oposición que lo consideran cercano al gobierno del presidente Nayib Bukele.
En una sesión plenaria celebrada este 23 de diciembre, los diputados del partido oficial, Nuevas Ideas; del Partido de Concertación Nacional (PCN); y Partido Demócrata Cristiano (PDC), reeligieron con 57 votos a Rodolfo Antonio Delgado Montes para el período 2025-2028.
La votación también registró dos abstenciones y un voto en contra.
De inmediato fue juramentado por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, mientras se desarrollaba la sesión plenaria.
Delgado fue nombrado fiscal general el 1 de mayo de 2021, para completar el periodo del antiguo fiscal, Raúl Melara, luego que la Asamblea Legislativa lo destituyeran junto a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En diciembre de ese año, Delgado fue reelecto para un periodo de tres años.
Para la elección de este 2024, la Asamblea Legislativa recibió solo dos postulaciones para fiscal general de la República: el fiscal actual Rodolfo Delgado, y el abogado Gonzalo Octavio Ayala López, quien también ha buscado la presidencia de la Corte de Cuentas, elección que sigue pendiente.
El diputado jefe de la bancada oficialista, Christian Guevara, propuso a Delgado Montes “por meritocracia”.
Según Delgado, una de sus prioridades ha sido implementar auditorías internas que permitieron la remoción de 10 jefaturas, el procesamiento judicial de siete empleados (seis de ellos fiscales) y la imposición de 150 sanciones por faltas graves y muy graves.
Asimismo, el fiscal planteó la necesidad de reformar el proceso penal para evitar que los jueces puedan eliminar pruebas presentadas por la Fiscalía.
“La Fiscalía es el común denominador en cada una de las etapas, ni siquiera lo es el juez”, afirmó Delgado, argumentando que estas modificaciones fortalecerían la eficacia del sistema de justicia penal en el país.